Rafael Luna, vocal de la Comisión Ejecutiva del CGATE, destaca la preocupante realidad de que solo el 0,6% de los edificios de viviendas en España son universalmente accesibles, con solo el 37% teniendo una entrada accesible desde la calle. Señala que las barreras económicas y la complejidad de poner de acuerdo a la comunidad de propietarios son desafíos clave. En cuanto al sector público, aboga por simplificar trámites y concienciar a la sociedad. En el diseño de ciudades, propone un enfoque inclusivo. Por su parte, en lo referente al sector privado espera soluciones que promuevan la accesibilidad, destacando el papel social de la Arquitectura Técnica en mejorar la vida ciudadana.
«Existen ayudas para reformar una vivienda y mejorar su accesibilidad» explica Luna y destaca entre estas el Plan Estatal de Acceso a la Vivienda 2022-2025, que ofrece subvenciones de entre 3.000€ y 17.000€ por vivienda, con mayores cuantías para personas con discapacidad severa. Asimismo, el vocal menciona que los Ayuntamientos también cuentan con programas específicos, como el Plan Adapta Madrid.
Luna recomienda consultar las subvenciones disponibles en cada región o localidad para encontrar la que mejor se adapte a las necesidades de cada persona y, anima a las personas con discapacidad a explorar las diferentes opciones de financiación disponibles para hacer de su vivienda un espacio más accesible y seguro.
Pregunta: ¿Qué puede hacer el sector público para fomentar la accesibilidad en los edificios? ¿Y el sector privado?
Respuesta: En España, tan solo el 0,6% de los edificios de viviendas son universalmente accesibles y solo el 37% cuenta con una entrada accesible desde la calle. Esta situación condena a un elevado número de personas con problemas de movilidad al aislamiento y la dependencia.
Las barreras económicas –el elevado precio de algunas actuaciones–, así como la necesidad de poner de acuerdo a la comunidad de propietarios son los principales problemas para llevar a cabo unas actuaciones, por otro lado, muy necesarias.
Por parte de la Administración, sería deseable una simplificación de los trámites tanto para la ejecución de las obras como para el acceso a las ayudas económicas y una mayor concienciación por parte de la sociedad serían acciones positivas que contribuirían a la eliminación de estas barreras arquitectónicas.
En cuanto al planteamiento y diseño de las ciudades, sería positivo abordarlo desde la diversidad, creando espacios accesibles donde se pueda compartir e intercambiar y que inviten a socializar.
Mientras, el sector privado debería velar por desarrollar soluciones que favorezcan esta accesibilidad. En este sentido, desde la Arquitectura Técnica siempre recordamos el papel social de la profesión y su capacidad para aportar y mejorar la vida de los ciudadanos.
P: ¿Cuáles son los objetivos específicos de la Comisión de Accesibilidad y cómo planean abordar la problemática de la falta de accesibilidad en el parque edificado?
R: La Comisión de Accesibilidad busca avanzar en materia de accesibilidad en los edificios desde la aportación del arquitecto técnico. Para comenzar, se está recopilando toda la documentación disponible en la red colegial para aglutinarla en un espacio común nacional.
También se trabaja en la formación de un área de actuación específica para los profesionales de la Arquitectura Técnica y en la asistencia a congresos, convenciones internacionales como CONTART y otros foros profesionales en los que dar a conocer la situación y generar un debate sobre los retos y posibles soluciones a este problema.
P: Según la Comisión de Accesibilidad del CGATE, la cuestión económica y la falta de acuerdo entre vecinos son los principales obstáculos para llevar a cabo las obras necesarias. ¿Qué medidas propondría para superar estos obstáculos y fomentar la accesibilidad universal?
R: Una mayor agilización de las licencias de obra o, en su caso, las declaraciones responsables, así como una mayor simplificación de los trámites (sobre todo el acceso a ayudas económicas) y una mayor conciencia social contribuirían notablemente a eliminar estas barreras.
P: ¿Hay ayudas directas (fondos Next Generation, presupuestos autonómicos/locales) para llevar a cabo este tipo de reforma?
R: Sí. Por ejemplo, el Plan Estatal de Acceso a la Vivienda 2022-2025 contempla en su Programa 6 la financiación de obras para la conservación, la mejora de la seguridad y la accesibilidad universal en todo tipo de viviendas.
Las ayudas van desde los 3.000€ hasta los 17.000€ por vivienda para aquellas personas con grados más severos de discapacidad.
También los Ayuntamientos tienen sus propios programas, como el Plan Adapta Madrid. Lo recomendable es consultar las subvenciones disponibles en cada región o localidad.
P: Una década después de la aplicación de la normativa vigente, el cambio es mínimo, ¿cuáles son los principales desafíos que impiden el cumplimiento generalizado de esta normativa?
R: En ocasiones el elevado coste de las actuaciones –que puede «echar para atrás» a los vecinos–, en otras, las propias dificultades estructurales del edificio para llevar a cabo la obra.
Por ejemplo, la instalación de una rampa de acceso o un ascensor. En estos casos, se tienden a valorar la realización de soluciones alternativas, con las que paliar la situación.
P: Teniendo en cuenta que la inversión de la reforma puede oscilar entre los 10.000 y los 40.000 euros en edificios con ascensor, y 120.000 euros en los edificios sin ascensor, ¿tendría que asumir la totalidad del importe la comunidad de vecinos?
R: Según la Ley de Propiedad Horizontal, una vez adoptado el acuerdo, si su instalación, una vez descontadas las subvenciones, no supera el importe de las doce mensualidades de gastos comunes por cada año de financiación, la comunidad está obligada a instalar y a pagar la totalidad del importe de la obra, así como al pago de su mantenimiento tanto ordinario como extraordinario.
En el caso de que supere, el techo de gasto para la comunidad no deberá superar por cada año estas doce mensualidades y el importe que exceda cada año podría abonarlo el propietario/s que lo haya/n solicitado.
Además, aquellos vecinos que se opongan o demoren injustificadamente la ejecución de las órdenes dictadas por la autoridad competente responderán individualmente de las sanciones que puedan imponerse en vía administrativa.
P: ¿Se debería indemnizar a aquellas personas que por motivos de movilidad reducida se hayan visto obligadas a cambiar de residencia? ¿Cuál sería el procedimiento a seguir?
R: La realización de trabajos, para garantizar la accesibilidad de todos los vecinos, está regulada por la Ley de la Propiedad Horizontal (LPH) que obliga a la comunidad de propietarios a llevarlas a cabo.
Si un propietario tiene una necesidad en este sentido, debe presentarla ante el resto de vecinos para proceder a evaluar y llevar a cabo el proyecto. Esto, en el caso de que el problema tenga que ver con alguna dificultad existente como ausencia de ascensor, rampas, etc.
P: Teniendo en cuenta el actual nivel de inversión en cuestiones medioambientales, ¿podría decirse que el grado de involucración es comparable en el ámbito de la accesibilidad?
R: No, las políticas medioambientales que se aprueban en Europa y tienen su traslado a cada uno de los países miembros en sus planes de actuación, nuevas exigencias normativas y/o planes de ayudas o incentivos económicos, son mucho mas ambiciosas y mejor dotadas que las relacionadas con la accesibilidad.
El foco en la rehabilitación edificatoria esta puesto en la reducción de emisiones y consumos de energía no renovable, si bien es cierto que la accesibilidad se contempla, esta tiene un papel secundario.
P: Una reforma de accesibilidad, ¿podría incluirse como una de las acciones de una memoria de ESG?
R: Desde el punto de vista de lo social sí. Una empresa que adaptase sus instalaciones para mejorar la accesibilidad y movilidad de todos sus trabajadores estaría generando un impacto positivo en las personas y daría cuenta tanto de su responsabilidad como de su voluntad por integrar a todos los individuos por igual.
