El secretario de Organización y coportavoz de Podemos, Pablo Fernández, ha calificado de insuficiente la prórroga hasta 2026 del denominado escudo social, que mantiene la prohibición de desahucios para personas vulnerables. La formación política considera que la extensión del paquete de medidas es un avance limitado y reclama al Gobierno la adopción de iniciativas más profundas, entre ellas la reducción por ley de los precios del alquiler. Según Fernández, el alcance actual del escudo social no responde a la gravedad de la situación que afrontan miles de hogares que continúan sin poder cubrir sus necesidades básicas.
Fernández ha señalado que Podemos, junto a otros grupos como Esquerra Republicana y Sumar, llevaba semanas reclamando una ampliación del escudo social. La prórroga, acordada finalmente por el Gobierno tras alcanzar un pacto con EH Bildu, ha sido recibida por el partido como una reacción derivada de lo que describen como presión social. Para el dirigente, esta presión ha sido determinante para que el Ejecutivo mantenga la protección a familias vulnerables frente a procedimientos de desahucio. Fernández ha subrayado que, sin esta extensión, hasta sesenta mil familias podrían haber quedado desprotegidas.
Aunque Podemos reconoce el valor de mantener medidas que eviten que hogares vulnerables pierdan su vivienda, Fernández insiste en que el marco actual es insuficiente. El partido plantea que, además de la prórroga, se avance hacia un conjunto de reformas estructurales que permitan garantizar de forma estable el acceso a la vivienda. Entre sus propuestas se encuentra la implantación de contratos de alquiler indefinidos, la prohibición de adquirir viviendas con fines distintos al uso residencial y la rebaja de precios en bienes esenciales como alimentos y suministros.
Durante su intervención, Fernández también ha criticado la situación económica general y la creciente desigualdad entre grandes empresas y trabajadores. Ha señalado que, mientras las principales empresas del país alcanzan beneficios récord, muchas familias no consiguen llegar a fin de mes incluso contando con un empleo. En su discurso, ha puesto el foco en el aumento de los costes energéticos y en las dificultades de muchos hogares para mantener la calefacción en invierno por falta de recursos económicos. En su opinión, este contraste evidencia un modelo económico que no redistribuye adecuadamente la riqueza generada.
El dirigente de Podemos sostiene que esta situación forma parte de un fenómeno que ha denominado embudo social. Según esta visión, los recursos públicos se destinan con mayor facilidad a sectores como el militar y la industria de defensa, mientras que el estado del bienestar y los servicios públicos reciben un apoyo mucho más limitado. Para la formación, esta descompensación presupuestaria refuerza la precariedad de las clases trabajadoras y limita la capacidad de los hogares para afrontar el coste de la vivienda. Fernández afirma que revertir esta situación obliga al Gobierno a priorizar políticas sociales más ambiciosas, entre ellas la reducción legal de los precios del alquiler.
La formación rechaza que la prórroga aprobada pueda considerarse una respuesta suficiente a los problemas estructurales que afectan al acceso a la vivienda. Podemos insiste en que el mercado del alquiler continúa tensionado y que los precios siguen situándose fuera del alcance de muchas familias. En este sentido, Fernández afirma que la intervención pública debe ser más decidida, y que la regulación del alquiler no puede depender únicamente de medidas coyunturales vinculadas a la vulnerabilidad temporal de los hogares.
