El Gobierno analiza la posibilidad de recurrir al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) como mecanismo para penalizar a los propietarios que incrementen el precio de los alquileres, según han señalado fuentes gubernamentales a Europa Press.
El IRPF como herramienta para frenar las subidas
La Ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha instado a los grupos parlamentarios a alcanzar consensos que permitan frenar el aumento de los precios del alquiler, ya sea mediante medidas fiscales de incentivo o a través de mecanismos sancionadores. Rodríguez ha subrayado la importancia de avanzar en acuerdos políticos, tanto en el ámbito tributario, con fórmulas que contemplen beneficios o penalizaciones, como en la lucha contra posibles fraudes en los contratos de temporada. La ministra respondía así a la posibilidad de aplicar una penalización en el IRPF a los propietarios que incrementen las rentas.
Tal y como ha adelantado El País, la medida afectaría únicamente a las subidas aplicadas al término del contrato, y no a las actualizaciones anuales permitidas por la normativa vigente, que suelen estar vinculadas al IPC u otros índices establecidos por ley.
Desde el Ministerio de Hacienda han confirmado que la propuesta se encuentra en fase de negociación con los grupos parlamentarios. Este debate se produce después de que los socios del Gobierno hayan mostrado su rechazo a la iniciativa inicial del Ejecutivo, que planteaba una bonificación del 100% en el IRPF para aquellos arrendadores que mantuvieran congelada la renta durante la renovación del contrato.
Por su parte, la ministra de Vivienda ha recordado que el Gobierno trabaja en un conjunto de medidas que abordan la situación desde distintos frentes, combinando actuaciones de carácter social para hacer frente a la emergencia habitacional con herramientas normativas ya en vigor que permiten limitar o congelar los incrementos del alquiler.
«Si estás viviendo de alquiler y vives desasosiego porque piensas que te van a echar mañana o que te van a subir el alquiler, la gente tiene que saber que en este país hay una ley que permite congelar el alquiler y que si no se aplica es porque el PP no quiere y, por tanto, estas son unas medidas para abordar la crisis, como lo son los mecanismos fiscales que acompañan a esta norma de congelación de los alquileres, incentivos o castigos», ha puntualizado la ministra.
Reducciones fiscales en revisión
En la actualidad, la normativa contempla reducciones en el IRPF para los propietarios que destinan una vivienda habitual al alquiler. De acuerdo con la Ley por el Derecho a la Vivienda, los arrendadores que firmaron el contrato antes del 26 de mayo de 2023 pueden aplicar una reducción del 60% sobre el rendimiento neto obtenido, lo que implica que solo tributan por el 40% de dichos ingresos.
Para los contratos suscritos a partir de esa fecha, la reducción general pasa a ser del 50%, aunque puede incrementarse en determinados supuestos. Así, el porcentaje puede elevarse al 60% si la vivienda ha sido rehabilitada en los dos años anteriores a la formalización del contrato, o alcanzar el 70% cuando el inmueble esté integrado en un programa público de alquiler a precio asequible. En el marco de las medidas que actualmente estudia el Ejecutivo, se plantea que esta reducción general del 50% pueda disminuir si el propietario decide incrementar la renta, e incluso desaparecer en determinados casos como consecuencia de dichas subidas.
Defensa de la moratoria de desahucios
En este sentido, Rodriguez ha apelado a los grupos parlamentarios a mostrar mayor sensibilidad en la negociación de acuerdos en materia social y económica, al señalar que en ocasiones existe más consenso con los profesionales del sector que dentro del propio Congreso.
La ministra de Vivienda también ha instado al Congreso a actuar con responsabilidad y respaldar la convalidación del Real Decreto-ley de escudo social, que incluye, entre otras disposiciones, la prórroga en 2026 de la moratoria de desahucios para personas en situación de vulnerabilidad. No obstante, ha subrayado que las distintas administraciones públicas deben asumir igualmente sus competencias en esta materia.
Rodríguez ha respondido así al ser preguntada por el caso de un vecino de Madrid, Mariano Ordaz, jubilado residente en el barrio de Embajadores, en el distrito Centro, quien ha logrado frenar nuevamente este viernes la orden judicial que le obligaba a abandonar la vivienda en la que ha vivido durante 67 años.
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