Hablemos de algo paradójico. España es el país del mundo con más ascensores por habitante. En concreto, nuestro país cuenta con 24 de ellos por cada 1.000 personas, según fuentes del sector; un reflejo de nuestro modelo urbano mediterráneo, basado en edificios plurifamiliares y espacios densos que hacen del ascensor un elemento cotidiano y necesario para la mayoría. Sin embargo, este liderazgo convive con su antítesis, y es que, de acuerdo con el Consejo General de la Arquitectura Técnica de España (CGATE), menos del 1% de los edificios en España son universalmente accesibles, y una parte importante de la población sigue encontrando barreras diarias para entrar o salir de su propio hogar.
Esta brecha entre cantidad y accesibilidad se ha vuelto especialmente crítica en un contexto demográfico marcado por el envejecimiento y el aumento de la movilidad reducida. En España hay 4,3 millones de personas con algún tipo de discapacidad –casi la mitad mayores de 65 años– y, según datos de la Fundación Mutua de Propietarios, cerca de 100.000 no pueden salir de su vivienda porque su edificio no es accesible. El ascensor, más que un servicio, es para muchas personas una vía para mantener su autonomía.
Y ante este contexto, ¿con qué alternativas contamos? La entrada en vigor el pasado 1 de julio de 2024 de la Instrucción Técnica Complementaria (ITC) AEM 1, la normativa que regula la puesta en servicio, el mantenimiento y la inspección de ascensores, supone un punto de inflexión, ya que incorpora un mantenimiento más regular y estructurado, una inspección inicial obligatoria antes de poner en marcha un ascensor y un incremento en la frecuencia de las inspecciones periódicas. Los plazos son de un año desde la inspección que detecta el defecto o seis meses si se ha producido un accidente. En la práctica, esto significa que los ascensores españoles deberán cumplir en los próximos meses con estrictos estándares de seguridad y accesibilidad.
Porque a pesar de la alta densidad de ascensores, el parque español presenta un fuerte envejecimiento, la mitad de los ascensores instalados tienen más de 20 años, lo que hace indispensable su actualización para cumplir con los estándares actuales. Y, al mismo tiempo, la accesibilidad en los edificios sigue siendo un reto estructural: el 63% de los portales no dispone de una entrada accesible desde la calle y un 22% de los edificios no cuenta directamente con ascensor, según datos de CGATE.
Hace años que los edificios existentes tendrían que haber adaptado sus accesos a la normativa vigente, sin embargo, más de la mitad del parque no ha podido realizar estas actuaciones por el coste económico. Adaptar un portal suele requerir inversiones de entre 10.000 y 40.000 euros; instalar un ascensor nuevo puede superar los 120.000 euros. Con la llegada de la nueva ITC, se suman además los costes derivados de la modernización obligatoria: entre 2.000 y 30.000 euros según el estado del aparato, de acuerdo a las mismas fuentes.
La financiación como catalizador del cambio
Teniendo en cuenta estas cantidades, que en la mayoría de los casos deben abonarse mediante derramas en las comunidades de vecinos, la financiación se vuelve clave para que la adaptación normativa se aborde como una inversión estratégica para el edificio. A partir de determinados importes –normalmente más de 5.000 o 15.000 euros– las comunidades de propietarios recurren de manera natural a productos financieros diseñados específicamente para este tipo de actuaciones.
Y es que la modernización de ascensores es ya una prioridad operativa para muchas comunidades, no solo por la obligación normativa, sino porque garantiza un funcionamiento más fiable y soluciona carencias de accesibilidad. Cada vez más, estas intervenciones se abordan como una decisión de gestión patrimonial, y no como un gasto puntual.
El desafío ahora es convertir ese liderazgo cuantitativo en un liderazgo cualitativo, haciendo que nuestros edificios sean más accesibles y preparados para las necesidades sociales de las próximas décadas. La modernización del parque de ascensores, impulsada por la nueva normativa y respaldada por soluciones de financiación especializadas, representa una oportunidad para reforzar el valor de nuestros inmuebles y mejorar la calidad de vida de quienes los habitan.
Artículo de opinión escrito por Jorge Saenz de Miera, director de Avanza Credit de Deutsche Bank España
