El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, dirigido por Pablo Bustinduy, ha sancionado a Airbnb con 64.055.311 euros por publicar anuncios de alojamientos turísticos sin licencia. La resolución ya es firme y agota la vía administrativa después de resolver el recurso de alzada presentado por la plataforma. Además, se incluyen dos sanciones accesorias que obligan a la compañia a rectificar los incumplimientos y hacer pública la multa.
Las irregularidades identificadas afectan a un total de 65.122 anuncios. Entre ellas se encuentra la publicación de alojamientos sin número de registro o con información falsa sobre la licencia. Estas prácticas se consideran comerciales desleales y publicidad engañosa, violando la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios.
Infracciones y sanciones adicionales
El Ministerio también sancionó a Airbnb por incumplir obligaciones en contratos a distancia. La plataforma omitió información sobre la naturaleza jurídica de los anfitriones, lo que se considera una infracción leve de 10.000 euros. Además, se le aplicó otra multa leve de 10.000 euros por no facilitar información requerida durante la investigación.
Otra infracción grave de 55.000 euros corresponde al incumplimiento de medidas provisionales dictadas para proteger a los consumidores. La suma de estas sanciones complementa la multa principal y refuerza la obligación de la plataforma de cumplir la normativa. La sanción principal de 64 millones equivale a seis veces el beneficio ilícito que obtuvo Airbnb por los anuncios irregulares.
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ya había respaldado la retirada de los anuncios. Esto demuestra la colaboración entre la autoridad judicial y el Ministerio para proteger los derechos de los consumidores. Pablo Bustinduy ha subrayado que «ninguna empresa en España, por grande o poderosa que sea, puede estar por encima de la ley».
Impulso a la regulación del alquiler
El Ministerio mantiene expedientes abiertos contra agencias inmobiliarias por posibles prácticas abusivas hacia los inquilinos. Estas medidas forman parte de un plan para combatir la crisis de la vivienda en España. Bustinduy ha señalado que muchos ciudadanos viven al límite mientras algunos negocios se benefician a costa de expulsar personas de sus hogares.
Con esta decisión, Consumo refuerza la obligación de transparencia y legalidad en el mercado del alquiler turístico. La plataforma deberá eliminar todos los anuncios irregulares y hacer pública la sanción, garantizando mayor seguridad para los consumidores.
