El Gobierno prepara una nueva regulación para ordenar el crecimiento de los centros de datos en España y establecer condiciones más exigentes en materia energética, ambiental y de soberanía digital. El proyecto de real decreto establece que estas instalaciones deberán respaldar con nueva generación renovable al menos el 80% de la electricidad que consuman durante cada hora de funcionamiento.
La propuesta ha sido desarrollada conjuntamente por los Ministerios para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico; Economía, Comercio y Empresa; y Transformación Digital y Función Pública. El Consejo de Ministros acordó este martes tramitarla por la vía de urgencia, antes de abrir el texto a audiencia pública. El Ejecutivo sostiene que el objetivo es ordenar la llegada de nuevos proyectos y ofrecer un marco que aporte seguridad jurídica y favorezca la inversión. Fuentes gubernamentales recalcan que la intención no es frenar los centros de datos, sino establecer unas reglas claras que permitan atraer aquellas instalaciones que aporten mayores beneficios con el menor impacto posible.
Una respuesta al fuerte crecimiento de los centros de datos
La regulación llega en un momento de fuerte aumento de la demanda para instalar centros de datos en España. El país se ha convertido en un destino atractivo por su ubicación, su clima y su potencial de generación renovable, hasta el punto de que desde 2021 se han concedido más de 12 GW de derechos de acceso y conexión a la red eléctrica para este tipo de instalaciones. Estas cifras superan ampliamente las necesidades previstas en la Estrategia de Inteligencia Artificial de España, que calcula que en 2030 serán necesarios unos 2,5 GW de potencia de computación. Esa capacidad podría requerir entre 3,5 y 4 GW de demanda eléctrica, mientras que las peticiones y permisos para nuevos centros de datos ya multiplican varias veces esas previsiones.
Ante esta situación, el Gobierno asegura que la nueva norma no constituye una moratoria. Los proyectos podrán seguir adelante, pero tendrán que adaptarse a los nuevos estándares y criterios establecidos para garantizar un crecimiento compatible con las necesidades energéticas, ambientales y territoriales del país. Las nuevas exigencias se aplicarán a los centros de datos con una potencia eléctrica superior a 1 MW, al considerar que estas instalaciones tienen una incidencia especialmente relevante sobre el territorio, el agua y el medio ambiente. La intención es que España pueda seleccionar los proyectos más eficientes y sostenibles dentro del creciente volumen de iniciativas.
Renovables hora a hora y nuevas condiciones para conectarse a la red
Uno de los principales requisitos será energético. El proyecto establece que, mientras la generación renovable no supere el 90% del conjunto de la electricidad del país, los centros de datos tendrán que cubrir como mínimo el 80% de su consumo con generación renovable adicional. La condición implica que esa energía renovable no podrá proceder simplemente de la generación ya existente. Por cada nuevo MW de consumo del centro de datos deberá existir un nuevo MW de generación renovable instalado durante los 18 meses anteriores a su entrada en funcionamiento, mediante instalaciones de autoconsumo o contratos de suministro a largo plazo, conocidos como PPA.
Además, la exigencia deberá comprobarse hora a hora. Esto significa que, en cada hora en la que opere el centro, al menos el 80% de la electricidad que utilice tendrá que corresponder a energía renovable generada durante esa misma hora. El cumplimiento de estas condiciones será también necesario para que los proyectos puedan obtener derechos de acceso y conexión a la red eléctrica. Si una instalación incumple las obligaciones, se prevén penalizaciones crecientes mediante cargos y peajes y, en último término, la pérdida del derecho de acceso.
Los recargos tendrán como finalidad compensar el posible coste adicional que el incumplimiento de las obligaciones de generación renovable adicional y de coincidencia horaria pueda trasladar al sistema eléctrico y, por tanto, a la factura de electricidad. La propuesta también introduce exigencias relacionadas con el consumo de agua y la eficiencia energética. Los centros de datos deberán cumplir los niveles más exigentes del sistema europeo de etiquetado específico para estas instalaciones, que está desarrollando la Comisión Europea.
Cuando esa normativa europea entre en vigor, previsiblemente dentro de un año, el proyecto español plantea exigir la categoría A, la más alta, tanto en eficiencia energética como en eficiencia hídrica. De esta manera, la regulación pretende limitar el impacto que estas grandes instalaciones pueden tener sobre el consumo de recursos.
Los centros de datos que ya estén en tramitación dispondrán de seis meses para adaptarse a las nuevas condiciones y demostrar que las cumplen. En aquellos casos en los que estén pendientes de un concurso de acceso a la red eléctrica, el plazo será de tres meses, aunque podrán renunciar a sus derechos de acceso y conexión sin ejecutar las garantías correspondientes. La norma incorpora finalmente requisitos de resiliencia y soberanía digital. La operación del centro y el control de los datos relacionados con ella deberán corresponder a entidades sometidas al derecho de la Unión Europea, mientras que los datos, metadatos y registros tratados durante la actividad del centro tendrán que permanecer dentro del territorio comunitario.
