El Consejo General de la Abogacía Española inició ayer, 1 de octubre, un curso especializado en Derecho inmobiliario dirigido a profesionales de la abogacía, con el objetivo de ofrecer herramientas prácticas para afrontar los principales conflictos jurídicos relacionados con la vivienda. La formación, que se prolonga hasta el 5 de noviembre, cuenta con 30 horas de duración, distribuidas en diez sesiones, y se desarrolla tanto de forma presencial como online.
El programa pone el foco en algunos de los ámbitos que concentran mayores cambios normativos y litigiosidad en materia de vivienda, entre ellos los arrendamientos, la recuperación de la posesión, la ocupación y la protección de personas en situación de vulnerabilidad. A lo largo del curso también se analiza de forma práctica la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda.
Según explica la institución, la formación busca que los profesionales puedan determinar el régimen jurídico aplicable a cada situación, identificar los derechos y obligaciones de las partes y diseñar estrategias preventivas y procesales adecuadas ante los diferentes conflictos que pueden surgir en torno a un inmueble.
El curso se estructura en tres grandes bloques. El primero está dedicado a los arrendamientos y a la contratación inmobiliaria. En este apartado se estudia el derecho a la vivienda y su marco normativo, los distintos tipos de contratos, su duración y resolución, los posibles incumplimientos y el subarriendo. El programa incorpora además dos sesiones específicas dedicadas a analizar la jurisprudencia reciente del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo.
El segundo bloque aborda la propiedad horizontal, la ocupación y la litigación inmobiliaria. En él se examinan cuestiones relacionadas con los acuerdos de las comunidades de propietarios, la ocupación, la usurpación y el allanamiento de morada, así como los procedimientos para recuperar la posesión. También se analizan los requisitos de admisibilidad, la intervención de los servicios sociales y el papel de los mecanismos adecuados de solución de controversias (MASC).
La tercera parte se centra en la vulnerabilidad y en la estrategia jurídica en materia de vivienda, además del urbanismo aplicado a los inmuebles residenciales. Dentro de este apartado se estudian también las viviendas de uso turístico, los procesos de legalización y las distintas incidencias derivadas de las situaciones urbanísticas.
Los contenidos se trabajan mediante casos prácticos y talleres orientados a la actuación profesional, con la participación de especialistas procedentes de distintos ámbitos del Derecho y de la Administración. Entre los participantes figuran magistrados del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo, además de representantes de colegios profesionales, expertos universitarios, una registradora y abogados especializados en vivienda y Derecho inmobiliario.
La vicepresidenta del Consejo General de la Abogacía y decana del Colegio de Barcelona, Cristina Vallejo, destaca la necesidad de contar con profesionales especializados para responder a la demanda de la ciudadanía en esta materia. A su juicio, el curso representa una oportunidad para la abogacía ante uno de los ámbitos que ha experimentado mayores cambios legislativos durante la última década y que, según señala, está generando inseguridad jurídica.
La formación es gratuita y, una vez finalizada, quienes hayan asistido a todas las sesiones y superen el examen final reciben un certificado acreditativo expedido por el Consejo General de la Abogacía Española y el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana.
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