La Asociación de Propietarios de Vivienda en Alquiler (ASVAL) ha respondido duramente a la prórroga de los Reales Decretos de prohibición de los desahucios y moratoria de alquileres, ejecutada por Gobierno, poniendo en duda su constitucionalidad.
«Tanto el Real Decreto 37/2020 como el Real Decreto 1/2021 que lo modifica, legalizan la ocupación ilegal y amparan a ocupas ilegales», precisan. Y añaden que «genera un efecto llamada que afecta tanto a grandes como pequeños propietarios, comunidades de vecinos, barrios y a la sociedad en general».
La agrupación de arrendadores cree que esta medida solo causa «incertidumbre y desconcierto». Además, afirman sentirse desprotegidos: «Los grandes operadores son clave para el desarrollo del parque de vivienda en alquiler asequible y social que necesita España y que se necesita un clima de confianza y de seguridad jurídica para atraer inversión a este mercado».
Asval reclama vivienda social
La asociación que dirige Beatriz Toribio advierte que las medidas adoptadas «no son la solución al problema del alquiler en España, y carga sobre los grandes propietarios la responsabilidad de la Administración de dotar de una vivienda pública a los colectivos vulnerables».
Justifican que España tiene un «importante déficit» de vivienda pública con alquileres asequibles, que solo supone un 2,5% del total del parque. «Las medidas deben ir
enfocadas a paliar este problema y a favorecer el desarrollo del alquiler en España, no a generar más inseguridad jurídica y desprotección a los propietarios».
Por último, reclaman una inversión estatal de 700 millones de euros en ayudas directas a los colectivos más vulnerables. También, prevén un crecimiento de la morosidad en los próximos meses y ven a los fondos europeos como «una excelente oportunidad para afrontar esta situación».