Tradicionalmente siempre hemos mantenido la opinión de que España es un país en el que se valora mucho la propiedad privada del inmueble que se habita, es decir, que “España es un país de propietarios” y, ciertamente, todos los sondeos que se han venido realizando han centrado en una horquilla de entre el 75 al 85 por ciento la preferencia de la compra frente al alquiler de la vivienda (dependiendo de los rangos de edad). Así, una reciente prospección que nos facilita el C.I.S., sitúa la media actual en un 82%.
En esta línea y hasta hace algunos años, dentro del marco de Europa España se venía situando en los puestos de cabeza del ranquin de estados en cuanto a porcentaje de propietarios de vivienda, corroborando con este dato la inclinación antes señalada. Sin embargo estas cifras han ido cambiado en los últimos tiempos y, a fecha de hoy, las estadísticas de que disponemos posicionan a nuestra nación a tan solo un punto por encima de la media de la Unión Europea, que es del 75%. España ocupa el lugar número 12 en la escala, con un porcentaje de población con vivienda en propiedad del 76%, muy alejado del 96% de Rumanía (en primera línea) y del 51% de Alemania (en último término).
La razón de este cambio de posicionamiento la encontramos en la progresiva incorporación a la UE de países provenientes de la Europa del Este, en los cuales, tras la caída de los regímenes comunistas, se potenciaron enormemente las políticas desarrolladas para el acceso a la propiedad privada de los inmuebles habitados, otorgando grandes facilidades para ello; no en vano, las once naciones de esta procedencia se sitúan dentro de los 13 primeros puestos (del 1 al 9, el 11 y el 13).
Por lo tanto, el hecho de que en este apartado España se sitúe ahora en la media Europea, habiendo descendido considerablemente respecto a su posición relativa anterior, no supone que el panorama nacional sea distinto, ni que nuestros ratios en cuanto a propiedad privada de viviendas hayan variado sustancialmente (más allá de algunos ajustes derivados de las etapas de crisis recientemente afrontadas y que sí han marcado un ligero descenso); sino que responde a un cambio de escenario en la Unión Europea: En este sentido el masivo acceso a la propiedad de las viviendas por parte de sus ocupantes tras la caída del telón de acero puede interpretarse como un sesgo a la estadística, tras la incorporación de estos estados a la Unión, con un motivo exclusivamente político.
Junto al dato precedente, que centra la causa de origen en el bloque que lidera la actual estadística, merece también atención el hecho de que son los países de la cuenca mediterránea los que, ahora a continuación y antes en cabeza, ofrecen mayores índices de vivienda en propiedad, frente a los del centro y norte de Europa, en los que se observa lo contrario. Una posible interpretación de este hecho conjuga dos factores: Uno socio-cultural, cual es un mayor arraigo de la población mediterránea (es más familiar, sus raíces con la tierra donde nació son más profundas). Y otro de índole socio-económica, consistente en que en países más desarrollados se aúnan un mayor coste de vida (y por tanto de los inmuebles) junto con una movilidad laboral bastante más alta (sobre todo en el grupo de menor edad que, además, tarda cada vez más en echar raíces), y sin duda la opción del arrendamiento aporta una mayor flexibilidad monetaria a la vez que facilita brincar de una ciudad a otra, y aprovechar una mejor oferta de empleo.
En definitiva, España sigue siendo un país que se decanta hacia la propiedad de la vivienda habitada, en el que el porcentaje de propietarios alcanza el 76% y en el que el 82% de los habitantes manifiesta claramente su predilección hacia la compra de su hogar frente a la opción del arrendamiento (aunque no siempre resulte viable materializar ese deseo).
No obstante lo anterior, con una curva de crecimiento suave pero constante la modalidad del alquiler va ganando terreno en nuestro territorio y, si bien es cierto que aún se mantiene en un rango muy alejado, habrá que observar atentamente su evolución y qué mensaje nos transmite ésta, ya que entre los distintos factores que han marcado la misma, aunque el más importante es el de la crisis económica más reciente (estando aún pendiente el cómputo del saldo que nos deje la pandemia), también entran en juego otros aspectos de relevancia como el del cambio de mentalidad que se viene observando en las nuevas generaciones, que es la horquilla de población en la que la tendencia por la opción del arrendamiento cuenta con mayor apoyo.
Las últimas estadísticas publicadas por el INE nos permiten apreciar esta progresión, en la cual el índice de propietarios se ha dejado cuatro puntos porcentuales a favor del régimen en arrendamiento.
Profundizando en este análisis podemos entrar en un desglose más detallado del panorama nacional comparando los datos de nuestras Comunidades Autónomas. Aquí apreciamos que catorce Comunidades arrojan unos porcentajes para el régimen de tenencia en propiedad que superan la media nacional del 76.3% (ocho de ellas con un margen bastante amplio, ya que se sitúan por encima del 80%), mientras que sólo las cinco restantes se posicionan por debajo, llegando a alcanzar en algunos casos una acusada diferencia a la baja de 8 y 9 puntos porcentuales (como es el caso de Baleares, Canarias y Ceuta).
Sumando las dos comunidades que siguen en el ranquin de menor porcentaje de viviendas en propiedad (Cataluña y Madrid), puede entenderse corroborada la causa y la tendencia, sugeridas antes, definitivamente ligadas al desarrollo económico (más marcado en Madrid y Cataluña) y al mayor índice de movilidad de la población (de alta incidencia tanto en las dos anteriores como en las islas).
Cuestión aparte, al margen de todos los datos analizados que definen con claridad la tónica dominante en nuestro país, sería el ya viejo debate sobre cuál de los dos formatos es más ventajoso, la vivienda en propiedad o la vivienda en alquiler; debate que ha hecho correr ríos de tinta y que sería merecedor de un artículo entero para poder entrar a analizar los pros, contras y peculiaridades de cada modelo. Por ello, baste aquí decir al respecto que ninguno de los dos es mejor ni peor que el otro sino en función de las circunstancias y necesidades propias de cada persona y de cada familia; esas serán las pautas que habrán de definir la opción más acertada en cada caso, aunque no siempre ésta habrá de coincidir forzosamente con las preferencias que se tengan y que en España claramente, y como hemos visto, son las que son.
