El juez del caso Tándem da por concluida la investigación alrededor del espionaje que encargó una de las hijas del promotor inmobiliario Luis García-Cereceda al comisario José Manuel Villarejo.
El instructor imputa formalmente presuntos delitos de cohecho, descubrimiento de secretos y falsedad en documento mercantil a Villarejo; el número dos de su organización, Rafael Redondo; su esposa, Gemma Isabel Alcalá; el comisario jubilado Enrique García Castaño; Susana García-Cereceda; Francisco Lorenzo Peñalver, exconsejero de la promotora La Finca, y el responsable de seguridad de la misma, David Fernández.
Según el instructor, Francisco Peñalver, Susana García Cereceda y David Fernández contrataron a Villarejo para recabar información sobre la situación en que había quedado la promotora de La Finca, Procisa, a la muerte en 2010 de su presidente, Luis García-Cereceda. El objetivo era el de reclamar la herencia y averiguar datos sobre la situación del resto de los herederos, entre ellos la viuda de Luis, Silvia Gómez-Cuétara, y la hermana de Susana, Yolanda García-Cereceda.
El juez da 10 días a la Fiscalía Anticorrupción para presentar su escrito de acusación y encuentra indicios de que Susana García-Cereceda, Peñalver y Aumente contrataron los servicios de Villarejo a sabiendas de que estaba en activo en la Policía y le encargaron trabajos «a fin de reclamar una herencia sobre la inmobiliaria Procisa y averiguar también datos sobre la situación en la que quedaba el resto de los herederos».
Según relata el juez en su escrito, «excedían de un encargo sobre la rentabilidad de la propia empresa, puesto que se investigó la vida privada de personas que nada tenían que ver con la marcha de la empresa». La Finca Global Assets, a través de un comunicado remitido al MAB, ha manifestado su «intención de interponer los oportunos recursos contra el citado Auto».
Accionariado de la Socimi
La Finca Global Asset, que se constituyó como Socimi en septiembre de 2017, está participada por La Finca Promociones y Conciertos Inmobiliarios (el grupo presidido por Susana García Cereceda) en un 50%.
El fondo Värde, mediante Mansfield Invest, cuenta casi con un 38% del capital, mientras que Yolanda García-Cereceda tiene casi un 11%. Värde no ha firmado las cuentas de 2019 «por causa de fuerza mayor», según se especifica en las mismas.
La investigación de este contrato parte de los hallazgos de documentos y grabaciones por parte de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía en la vivienda de Villarejo tras su detención en noviembre de 2017 a raíz de la denuncia en Anticorrupción presentada por un abogado que fue su ex socio en el denominado Proyecto King.
La Socimi de la Finca, participada por la familia Cereceda y Värde, cerró el pasado año con un beneficio neto de 11,74 millones de euros, lo que supone un 21% más respecto al año anterior, tras aumentar sus ingresos en un 10%, hasta los 50,63 millones. La compañía anunció en sus cuentas que está preparando un plan para minimizar el impacto del Covid-19.
