La moratoria hipotecaria, una de las medidas aprobadas por el Gobierno para aliviar la carga financiera de las familias a raíz de la crisis provocada por el coronavirus, podría alcanzar finalmente a un escaso 10% de sus potenciales beneficiarios. «El resto, quedaría automáticamente excluido durante el proceso de tramitación por incumplir alguno de los cuatro supuestos que establece la norma», según la asociación de usuarios financiero (Asufin).
Tras analizar un centenar de expedientes de las 500 consultas que han llegado esta última semana a la asociación, se observa que el 82% de los casos se ve afectado por la primera condición para solicitar la moratoria del pago de la hipoteca: haber sufrido un ERTE o unas pérdidas del 40% de ingresos o facturación.
Asimismo, el tercer requisito lo pueden acreditar más de la mitad de los solicitantes, ya que las cargas hipotecarias y los suministros básicos ya suponen el 35% o más de los ingresos de la unidad familiar. Por último, algo más del 30% de los solicitantes cumplen con el segundo requisito de ingresos familiares con respecto al IPREM y un 20% aproximado han visto multiplicado por 1,3 el esfuerzo en asumir la carga hipotecaria.
En total, cerca de un 74,5% cumple con alguna de las condiciones, pero no todas. En este sentido, el 3% cumpliría con todos los requisitos pero quedarían expulsados de la ayuda ya que la situación de vulnerabilidad presentada es anterior a las circunstancias de emergencia sanitaria del Covid-19. Además, esta cifra se eleva al 12%, en el caso de familias que ya se encontraban en alguno de los supuestos de vulnerabilidad con carácter previo a la emergencia sanitaria, según los datos de Asufin.
La asociación ha defendido que el marco de cumplimiento para acceder al aplazamiento -que no condonación- del pago de la hipoteca durante el parón económico de estos meses resulta excluyente. Como consecuencia, deja como única alternativa a los afectados las soluciones individuales que planteen los bancos, como refinanciaciones o préstamos con intereses adicionales cuando no productos vinculados. «Apelamos a la buena praxis y responsabilidad de las entidades en la articulación de estas alternativas», piden desde la plataforma.
Asufin asegura que han comprobado que una leve modificación de los supuestos podría llegar a triplicar el número de beneficiarios, alcanzando a algo más del 32,65%. Se obtendría tomando en consideración la combinación de dos de los requisitos que nos parecen más razonables: el empeoramiento profesional, formar parte de un ERTE o sufrir un 40% de reducción de ingresos o facturación, por un lado, y el aumento considerable de la carga que supone la hipoteca, del 35% o más, con respecto a los ingresos totales de la unidad familiar, por otro.
