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Sareb ofrece a los Ayuntamientos 10.000 viviendas sociales

La sociedad de activos procedentes de la banca rescatada amplía en 6.000 unidades su oferta de vivienda social para ayudar en la crisis del Covid-19.

Promoción de obra nueva en venta en Oviedo (Asturias), propiedad de Sareb.

La sociedad de gestión de activos procedentes de la reestructuración Bancaria (Sareb) ha lanzado una ofensiva para llevar a los ayuntamientos de toda España una cartera de 10.000 viviendas sociales que pueden emplear para las familias que con problemas económicos derivados de la pandemia del coronavirus, según informa El Confidencial.

Hasta ahora, Sareb tenía 4.000 hogares a disposición de las administraciones, pero la crisis generada por el Covid-19 ha llevado a la entidad a concentrar sus esfuerzos en llegar a acuerdos con el mayor número de administraciones posible.

Sareb lanzó su programa social hace siete años y desde entonces ha firmado convenios con 12 comunidades autónomas y 14 ayuntamientos, muchos de ellos capitales de provincia —Madrid, Barcelona, Sevilla, Santander, Málaga, Córdoba—, de los que se benefician más de 9.000 personas. Ahora, el objetivo de Sareb es extender su acción hacia pequeños y medianos consistorios y, de hecho, en la actualidad está en conversaciones con casi un centenar de ellos.

No obstante, aunque la sociedad presidida por Jaime Echegoyen ha elevado hasta 10.000 el número de pisos que destinará a estos convenios, no tiene identificada cada una de las viviendas, sino que en función de qué ayuntamiento le pida ayuda, mirará si cuenta con viviendas en su localidad para cederle. En el supuesto de que la respuesta fuera negativa, pero sí que hubiera opciones en localidades próximas, sería necesario firmar el convenio con ese otro consistorio.

Rentas de 75 a 125 euros

La política de Sareb en este tipo de acuerdos se basa en la cesión temporal del inmueble a las administraciones, que son las que se encargan de gestionar los casos de ocupación o morosidad. En todas ellas, estas viviendas necesitan ser adecuadas para poder acoger a una familia, inversión que asumen entre las dos partes.

A cambio, las rentas que deben abonar las administraciones por estas viviendas son muy bajas: 125 euros por hogar o 75 euros en el caso de las viviendas que estaban ocupadas. Estas cifras distan mucho de los hasta 900 euros, más otros 200 para gastos, que ha fijado como máximo el Gobierno dentro de las medidas de apoyo al alquiler que ha lanzado para combatir el coronavirus.

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