El Plan 20.000 del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma), que aspira a crear un parque público de vivienda en alquiler a precios asequibles en España, parece estar más cerca de hacerse realidad. Hace apenas dos semanas, el ministro de Agenda Urbana, José Luis Ábalos, presentó un proyecto que pretende situar al país en cotas más cercanas a los socios europeos pioneros en la gestión pública del arrendamiento.
En España, solo un 2,5% del parque residencial está en manos de la Administración, un porcentaje muy alejado del 17% de Francia, el 24% de Austria o el 30% de Dinamarca y Holanda, según los datos de la oficina estadística Eurostat. Para ello, el Ministerio trabaja sobre más de 20.800 viviendas ya identificadas.
Tras valorar esta iniciativa de Mitma, Lola Alcover, secretaria del Consejo General de los Colegios Oficiales de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de España (CGCoapi), ha dicho: “tenemos que evitar seguir siendo el furgón de cola de Europa en esta materia”.
En este sentido, Alcover ha asegurado que este plan del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana es “insuficiente” y, aunque puede ser un primer paso adelante, “no nos podemos quedar ahí».
Ley de alquiler en Cataluña
Por otro lado, la secretaria de CGCoapi también ha opinado sobre la nueva ley de alquiler en Cataluña, que limita los precios en zonas situadas en las grandes urbes, y ha considerado que se trata de una “medida intervencionista”. Además, indica que “no solucionará el problema de fondo”, pues esta ley afectará solamente a los municipios de más de 20.000 habitantes.
La nueva ley que regula el alquiler en 60 municipios catalanes entró en vigor el pasado 22 de septiembre este martes. Tras la aprobación en el Parlament de la iniciativa impulsada por el Sindicato de Inquilinos.
La ley, que se aplicará en los 60 municipios catalanes con más de 20.000 habitantes, establece que el precio del alquiler no puede aumentar respecto al contrato anterior y que si una vivienda tenía un precio por encima de la media de alquileres de la zona, el nuevo contrato no podrá superar el índice de precios de la Generalitat.
En este sentido, la secretaria del Consejo General de los Colegios Oficiales de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de España ha indicado que la clave “está en aunar fuerzas entre lo público y lo privado” para adoptar medidas eficaces que “reviertan y solucionen los problemas y no que los terminen agravando en el largo plazo”.
