Tras aprobarse las medidas para ayudar a los propietarios con hipotecas y dificultades económicas derivadas de la crisis del Covid-19, el Gobierno presidido por Pedro Sánchez lleva semanas trabajando para lograr una solución similar para los alquileres.
Los dos grandes pilares sobre los que pivota la propuesta son: préstamos a los inquilinos de pequeños propietarios a través del ICO, y moratorias por parte de los propietarios privados, con patrimonios a partir de ocho viviendas. Junto a estas medidas se debaten plazos y alcance de las paralizaciones de desahucios.
Sin embargo, hasta el momento no ha habido consenso entre los miembros del Ejecutivo, con dos propuestas diferentes sobre la mesa; unas negociaciones que deberán cerrarse en las próximas horas ya que el objetivo que las ayudas al alquiler se aprueben en el Consejo de Ministros que se celebra mañana.
La primera propuesta, liderada por Pablo Iglesias y los ministros de Unidas Podemos, plantea una quita de hasta el 95% de las rentas, tanto de vivienda como de oficinas y locales de autónomos y pymes, durante los dos próximos meses. Una fórmula planteada para las grandes compañías y fondos tenedores de inmuebles en alquiler que, sin embargo, copan menos del 10% de las viviendas en alquiler en España, según los expertos, y que supondría un importante perjuicio económico a los pequeños inversores particulares, recuerdan sus detractores, incluidos los ministros con perfil más económico del Gobierno. De hecho, la Asociación de Inmobiliarias con Patrimonio de Alquiler (Asipa), formada por grandes inmobiliarias con patrimonio en alquiler como Merlin, Colonial, Lar, Mutua Madrileña, Azora e Iberdrola Inmobiliaria, ya ha advertido del «grave riesgo a medio y largo plazo» que supone adoptar medidas como la condonación del pago del alquiler de viviendas a costa del ahorro privado. “Más del 90% de los españoles que alquilan sus pisos son particulares, y muchos tendrían muchos problemas porque en algunos casos ésa es la fuente de ingresos que tienen para sobrevivir, pagar su hipoteca», explica Óscar Martínez Solozábal, presidente de la Asociación de Expertos Inmobiliarios.
Según los expertos consultados por Brainsre.news, la extensión de la moratoria de las hipotecas al alquiler de vivienda tiene un encaje jurídico y legal muy difícil en un mercado en manos de particulares, que aconseja la negociación privada para modificar los pagos.
La otra opción ahora planteada, y que lidera el ministro de Transportes y titular de las competencias de Vivienda, José Luis Ábalos pasa por conceder a los inquilinos más vulnerables créditos sin intereses, a pagar en seis años, y avalados por el Estado. Para esta partida, el Gobierno destinaría 700 millones de euros, informa Europa Press.
El plan incluye una línea de ‘microcréditos’ avalados por el Estado de unos 100 millones de euros para quienes tengan su piso alquilado a particulares o pequeños propietarios y una moratoria de hasta cuatro meses en el pago de la renta para los inquilinos de grandes tenedores de viviendas.
