Aunque no hay un inventario oficial que recoja todo el parque español de inmuebles propiedad de las administraciones públicas, el Gobierno presidido en 2013 por Mariano Rajoy presentó ese año un plan de venta de edificios propiedad del Estado, que preveía la venta entre 2013 y 2015 de hasta un total de 15.135 inmuebles.
Se trataba de una de las medidas que se anunciaron en lo que fue un primer intento de reforma y adelgazamiento de las administraciones públicas, para que el se creó una Comisión de Reforma. De ese intento de ventas, aún colean las subastas públicas que periódicamente se retoman por parte de los Ministerios de Defensa o Interior, o la denominada Operación Campamento en Madrid, que lleva más de diez años coleando.
Algunos inmuebles se han vendido rápidamente, sobre todo por su ubicación estratégica como solar para viviendas u oficinas. Es el caso de la Policlínica Naval Nuestra Señora del Carmen, situada en la calle Arturo Soria, 270 de Madrid, la antigua sede de la CNMV o la de RTVE en el Paseo de la Habana, 75. El Ministerio de Hacienda por ejemplo, subasta por segunda vez 40.000 m2 de oficinas en Madrid con descuento, en pleno eje de María de Molina.
Castellana, un filón para desinvertir
Pero hay algunas carteras con un valor excepcional. Es el caso de los inmuebles situados en el eje del Paseo de la Castellana en Madrid. El sector público es el mayor propietario de edificios en esta zona, con 26 inmuebles y un total de 550.000 m2. Esto supone casi un tercio (32%) de la superficie total de oficinas de oficinas en Castellana (1,73 millones de m2), según los datos facilitados por la consultora CBRE.
«Teniendo en cuenta que la Administración Pública es propietaria de más del 30% de la superficie de oficinas del Paseo de la Castellana, tiene ante sí una gran oportunidad de participar en la transformación y modernización del parque de oficinas en el eje vertebrador del Distrito Central de Negocios», precisan desde la consultora. Si sumamos las oficinas en las que está en alquiler, ocupa actualmente casi 600.000 m2, en Castellana, más del 40% del stock de oficinas (excluyendo los dotacionales).
Los más de 3.500 millones de euros que según estimaciones de CBRE podría valer la cartera de inmuebles equivaldría, por ejemplo, a algo más de 5 veces el presupuesto previsto para políticas de acceso a la vivienda que de los Presupuestos Generales del Estado para 2019.
En cuanto a número de edificios en propiedad, destaca un organismo público: el Consorcio de Compensación de Seguros, perteneciente al Ministerio de Economía y Empresa. Con 6 edificios con dirección Castellana, es uno de los mayores
propietarios de este eje. Se da la circunstancia de que fue el que adquirió la sede de la CNMV, que quiere transformar en oficinas para alquiler.
En concreto, el Consorcio ocupa la segunda posición, solo por detrás de Mutua Madrileña y por delante de Pontegadea, el vehículo inversor del empresario textil y dueño de Inditex, Amancio Ortega.
Suelos rústicos, locales, naves…
Pero el catálogo de activos en propiedad es amplio: 4.832 activos rústicos, oficinas (126), solares (382), 1.869 viviendas, 61 edificios de viviendas. locales comerciales (805), edificios industriales (19), garajes (16) o edificios singulares (98). «Es difícil seguir la pista de los inmuebles vendidos en toda España, porque en las ciudades de menor tamaño suelen ser compras de grupos o empresarios locales, pero en los últimos cinco años se ha podido desinvertir un volumen de 500 activos»; calculan fuentes de mercado.
Para Susana Rodríguez, CCO de Savills Aguirre Newman, «atravesamos un momento excepcional para revisar no solo el uso del espacio de oficinas de la Administración y la sostenibilidad del parque inmobiliario público, sino también de poner en valor los suelos de carácter patrimonial que tienen las instituciones para que, a través de derechos de superficie y con la colaboración de la iniciativa privada, se puedan desarrollar suelos industriales, terciarios de oficinas y residenciales que impulsen la actividad económica y aumenten la oferta de vivienda en alquiler».
Y es que sorprende el ingente número de sociedades públicas que poseen inmuebles, en lugar de alquilarlos: hay activos de la Dirección General del Patrimonio del Estado, el Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa (INVIED), la Gerencia de Infraestructuras y Equipamiento de la Seguridad (GIESE), el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), la Tesorería General de la Seguridad Social y sociedades del SEPI como Correos.
Optimizar costes
Pero además del evidente ingreso que supondría para las arcas del Estado, la desinversión también comporta una optimización y ahorro de los recursos existentes. «La Administración, como ya están haciendo otras organizaciones privadas, necesitará realizar un profundo análisis de sus procesos y relaciones interdepartamentales para adoptar una solución ad hoc que responda a sus necesidades de servicio público. Cuando se trata de espacios de trabajo, no hay una única solución que sirva para todos», señala Susana Rodríguez.
Un ejemplo, no exento de polémica por los retrasos y planificación, es la concentración de consejerías del Gobierno de Cataluña en un edificio de la Zona Franca de Barcelona, donde ya está situada la Agencia Tributaria de Cataluña. La Generalitat vendió 13 edificios en 2013, a AXA Real Estate por 172 millones.
Otro ejemplo es el de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV, que acaba de llegar a un acuerdo con la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para compartir sede en Barcelona.
