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Pulso entre la Generalitat catalana y la ley a cuenta de la oferta ‘obligada’ de alquiler social para okupas

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El punto donde la fricción es mayor es en la obligación que tendrán los grandes propietarios de pisos y casas vacíos y que hayan sido ocupados a ofrecer un alquiler social de entre cinco y siete años de duración a los ocupantes. Un punto sobre el que los jueces de la Audiencia de Barcelona ya han expresado dudas sobre su aplicación.

La Generalitat ha aprobado dos decretos de vivienda que buscan limitar los desahucios. El decreto ley 17/2019, aprobado en diciembre y que el Parlament ya ha convalidado, establece que los grandes tenedores de vivienda deben ofrecer un contrato de alquiler social a los inquilinos de un piso, antes de iniciar una demanda judicial ejecutoria de una hipoteca o una demanda de desahucio. Esta obligación se hace extensible también en los casos de okupación.

En febrero, se aprobó un añadido de este texto, el decreto ley 1/2020, que establece a partir de qué momento una vivienda está vacía. Dice que un piso puede no tener inquilinos pese a estar okupado, algo que inquieta a los agentes del sector. A su juicio, se delega a los propietarios solucionar la atención a las personas en riesgo de exclusión.

En la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Govern, la consejera de Presidencia y portavoz del Ejecutivo autonómico, Meritxell Budó (JxCat), anunció que se va a “blindar” el decreto para velar por su aplicación. Sin embargo, ni ella ni la consejera de Justicia, Ester Capella (ERC), dieron más concreciones al respecto.

Particulares y empresas

Con el nuevo decreto “pasar a considerar grandes tenedores a las personas físicas, con las consecuentes cargas que la ley impone, supone traspasar el contexto coyuntural de las medidas aprobadas hasta ahora, pensadas y dirigidas a unos actores concretos -esencialmente entidades financieras y fondos de inversión-, y convertir en estructurales las medidas coercitivas y sancionadoras como políticas públicas de vivienda”, afirmaba con rotundidad recientemente en un artículo Carles Sala i Roca, Doctor en derecho por la UAB y Ex-Secretario d’Habitatge i Millora Urbana de la Generalitat de Catalunya.

El jurista critica el nuevo texto por llevar al límite del que podría considerarse ‘grotesco’ la definición de vivienda vacía, y amplía la duración y la casuística de la aplicación del alquiler social obligatorio, “hasta el punto de desdibujar el derecho de propiedad, fijando peculiares obligaciones jurídicas asociadas a su función social”.

Según el Govern, el propósito de la regulación es reducir el alto número de desahucios de personas vulnerables que hay en la comunidad. Sin embargo, el decreto preocupa a formaciones políticas como Ciudadanos y al PP, y también a entidades como la Cámara de la Propiedad Urbana, los colegios de administradores de fincas y de agentes de la propiedad, y la Asociación de Promotores y Constructores de Edificios (Apce), entre otros agentes.

Según Budó y Capella, los jueces de la Audiencia de Barcelona están haciendo una “lectura restrictiva” del decreto, por lo que “en breve” la Generalitat pondrá en marcha nuevos “mecanismos para blindar la posibilidad de suspender desahucios”. “Mejoraremos el texto del artículo del Decreto” para que los jueces no tengan “excusas” a la hora de aplicarlo, destacaron.

Además, existen dudas sobre la legalidad de la norma. Días atrás, el PP anunció que impugnará el decreto ante el Tribunal Constitucional (TC) tras su convalidación en el Parlament. Si el alto tribunal admite su recurso, el decreto quedará suspendido cautelarmente a la espera de una sentencia firme.

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