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«Un tiro en el pie de los inquilinos»: el sector se muestra «contrario» y reacciona a las medidas sobre el alquiler

Asval, ANA e Idealista reaccionan a la prórroga del 2%, una medida criticada por los efectos futuros sobre el mercado de alquiler y por atentar contra el derecho de propiedad de los propietarios.

Prórroga

Acción, reacción. Una vez más, la prórroga al límite del alquiler enfrenta al ejecutivo de Pedro Sánchez y a las grandes asociaciones implicadas. Dos grandes problemas: la medida atenta contra el derecho de propiedad de más de dos millones de propietarios y, según los profesionales inmobiliarios, dificultará en un futuro cercano el acceso a la vivienda de los colectivos más vulnerables, que tendrán que lidiar con menos oferta residencial en alquiler a un mayor precio.

La Agencia Negociadora del Alquiler (ANA) cree que volver a prorrogar por Decreto todos los alquileres durante medio año más para todo tipo de inquilinos, vulnerables o no, es una medida «totalmente innecesaria y muy contraproducente» para los propietarios. También la Asociación de Propietarios de Vivienda en Alquiler (Asval) se ha mostrado «totalmente contraria» a la decisión tomada ayer por el Consejo de Ministros. Y similar es el punto de vista de uno de los grandes portales inmobiliarios del país: Idealista tacha de equivocación el último movimiento del gobierno, que actúa desde el conocimiento e impactará de forma negativa en el mercado en 2023.

La medida, que obligará a extender durante medio año todos los alquileres que expiren entre enero y junio, junto a la ampliación del límite del 2% a la actualización de las rentas y la prórroga de la paralización de los desahucios, supone para Asval «un nuevo ataque al Derecho a la Propiedad Privada» de esta clase de propietarios en España, un derecho consagrado en el Artículo 33 de la Constitución Española.

«Prorrogar todos los contratos de alquiler, sin tener en cuenta la vulnerabilidad de los inquilinos, solo tuvo sentido en la Pandemia, en concreto en el primer Real Decreto Ley 11/2020 de 31 de marzo, en el que se adoptaron medidas urgentes para hacer frente el COVID-19, en una situación de confinamiento domiciliario y casi nula movilidad», apunta José Ramón Zurdo, director general de la ANA. El directivo critica que la situación se repita: «tanto si hay una pandemia, como si se ha disparado la inflación, la política social del Gobierno consiste en lo mismo: que pague el propietario», advierte Zurdo.

Idealista, por su parte, ha manifestado que el equipo de Sánchez vuelve a equivocarse puesto que el planteamiento actual de la medida supone «desconocer» las dinámicas del mercado y traerá «un profundo impacto negativo» en 2023. Aunque la prórroga es una «excelente noticia» para los inquilinos actuales, «no puede ser peor» para las personas que busquen casa a partir de enero.

Los propietarios han pagado ya más de 1.800 millones por el tope del 2%

«En nueve meses de vigencia de la indexación obligatoria de todos los contratos que se actualizan al IGC (2%), los propietarios al no poder aplicar el IPC, ya han perdido unos 1.800 millones de euros», explica Zurdo. Ahora, en su opinión, «las pérdidas serán mucho mayores, porque los arrendadores no podrán actualizar sus rentas a precios de mercado, perdiendo todavía más poder adquisitivo»

La decisión del ejecutivo de Sánchez carga sobre los propietarios el problema social de la vivienda, responsabilidad de la Administración, señalan asociaciones. Asval recuerda que en España el 75% de los propietarios son particulares con una o dos viviendas, que las destinan al alquiler de vivienda de uso habitual para completar sus ingresos o su  pensión, y que también sufren los embates de la inflación. La ANA, que no contabiliza por número de viviendas, eleva la cifra de propietarios particulares al 93% y alerta: «este dinero que no van a cobrar, lo necesitan para compensar la elevada inflación, que también les afecta a ellos».

Según el propio Gobierno, el problema se está aminorando paulatinamente y España ya se encuentra en los niveles más bajos de inflación de toda Europa. Sin embargo, las medidas continúan. La ANA insiste en este punto en que «esta intervención del mercado del alquiler, para congelarlo al 2%, es un claro mensaje a los propietarios, tanto particulares como empresas, para decirles que no tendrán ninguna compensación por la pérdida del poder adquisitivo, y que la política social de vivienda de alquiler del Gobierno es inexistente, y toda la carga recae en los hombros de los arrendadores».

Para los inquilinos, la situación es distinta. «La medida ampara a arrendatarios, que, sin estar en situaciones de vulnerabilidad, en este caso por una inflación elevada, ya estaban dando muestras de impagos, de retrasos o de otros incumplimientos contractuales, y que, en situaciones normales, ningún propietario prorrogaría los contratos. Ahora, los propietarios que sufran estos problemas, hasta el 30 de junio de 2023, tendrán que soportar la prórroga por 6 meses más, de todos los arrendamientos que venzan durante este nuevo periodo, y esta es una situación injusta a la vez que insostenible para los arrendadores”, subraya José Ramón Zurdo.  

«Un tiro en el pie de los inquilinos»: dificultades futuras en el acceso a la vivienda

Asval opina que «esta muestra de intervencionismo en el mercado del alquiler agravará aún más el problema de oferta que tenemos en España«. La inseguridad jurídica e indefensión que provocan esta clase de medidas llevarán, según Asval, a reducir la inversión en vivienda en alquiler y a la retirada de los inmuebles de este mercado por parte de los propietarios. Contradictoriamente, los colectivos vulnerables, foco de protección en estas medidas, serán los más perjudicados, ya que esta disminución de la oferta dificultará aún más su acceso a una vivienda.

«La avalancha de medidas intervencionistas en el mercado del alquiler de los últimos meses ha provocado una gran inseguridad jurídica en el sector, haciendo que se reduzca la oferta y suban los precios. El Gobierno continúa adoptando medidas ineficaces, que acaban perjudicando principalmente a las familias vulnerables», detalla María Andreu, directora general de Asval.

La dirección de la ANA coincide: José Ramón Zurdo indica que «estas medidas destinadas a sobreproteger al inquilino terminan siendo una mala consecuencia para los arrendatarios, ya que les está dificultando enormemente el acceso a la vivienda en alquiler. Gracias a estas medidas, hay cada vez menos oferta, a precios más elevados y cada vez se les piden más requisitos a los inquilinos para poder acceder a una vivienda».

También el portavoz de Idealista señala que el problema del mercado inmobiliario está en la falta de oferta, que sigue menguando y general tensiones en los precios y una «enorme» ansiedad en las familias. «Las medidas anunciadas, lejos de arreglar la situación, la empeoran gravemente. No solo desincentivan la aparición de nuevas viviendas en el mercado, sino que empuja a muchos más propietarios a sacarlas del mismo y a ponerlas en venta», ha reiterado Iñarrieta.

En consecuencia, desde el portal inmobiliario han apelado a trabajar desde las administraciones públicas para «ofrecer seguridad jurídica» e incentivos a los propietarios. «Mientras el Gobierno siga desmontando, medida a medida, el mercado del alquiler, el problema seguirá aumentando», han expresado.

Una ley de vivienda por partes

La agencia considera que el gobierno está aplicando la ley de vivienda por partes. «Como el Ejecutivo ha visto que la aprobación y la aplicación real de la Ley de Vivienda era muy complicada y que tenía que contar con el beneplácito de las Comunidades Autónomas, ha decidido saltarse todas las normas y también a la Comunidades Autónomas, para ir aplicando contenidos de esta Ley», explica José Ramón Zurdo. «Este es el caso concreto de actualización de las rentas al 2%, como la prórroga obligatoria de los contratos para el 2023, «dos medidas que están destruyendo la oferta de alquiler». 

Se trataría según Zurdo de una «medida política que tiene la clara intención que cambiar las reglas de juego, vulnerando por un lado la legalidad de la LAU, favoreciendo una vez más a los arrendatarios, en detrimento de los propietarios particulares».

Varios organismos nacionales e internacionales coinciden. El Banco de España o el Fondo Monetario Internacional (FMI) ya han avisado de las perjudiciales consecuencias que la excesiva regulación del mercado inmobiliario puede suponer.

Reclamaciones patrimoniales al Estado 

Asval alienta por su parte a todos los propietarios a presentar una reclamación patrimonial contra el Estado por los efectos de estas medidas. Además, la asociación se ofrece a canalizar todas aquellas que los propietarios decidan enviar, y recogerlas hasta el próximo 31 de enero.

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