Actualmente, solo el 4% del crédito hipotecario anual en España va destinado a vivienda sostenible. Esto supone un retraso a la hora de avanzar en el sector inmobiliario a técnicas medioambientales más favorables. Fuentes del sector señalan que el principal problema existente son obstáculos de tipo legal, económico y de concienciación.
Según el director general de Economía y Estadística del Banco de España, Óscar Arce, el desfase de concienciación en el mercado inmobiliario con otros sectores es muy grande. Para ello, Arce hace una comparativa directa: cuando alguien cambia de coche conoce el consumo del antiguo y del nuevo, y, en el caso de la vivienda, no. El directivo del Banco de España insiste en que esté puede ser un factor relevante a la hora de escoger entre un inmueble u otro, pero en el sector no se tiene tan en cuenta el ahorro energético. La percepción va en la línea de que las ventas no se enfocan dando valor a cuestiones relacionadas con la sostenibilidad porque en el pasado esto no ha sido un factor relevante.
Desde el punto de vista económico, la preocupación es real en el sector privado. Como señala Juan Carlos Delrieu, director de Estrategia y Sostenibilidad de la Asociación Española de Banca, sobre una encuesta realizada en 2019 en los países nórdicos, «el 68% de los constructores consideran que la construcción sostenible puede ser más costosa y un 15% no tiene ni idea de lo que responder, cerca de un 40% de los consumidores preferiría no pagar más por una vivienda sostenible y un 36% de los inversores nórdicos tiene dudas de su rentabilidad«. Esto deja al descubierto el retraso con el que se enfrenta el sector inmobiliario a las demandas sociales en materia de medioambiente.
Colaboración de las Administraciones públicas
La colaboración exigida entre sector público y sector privado se pone de manifiesto en materia de construcción sostenible. Oscar Arce señala que «los recursos públicos deben jugar un papel catalizador con los privados«. El primer paso sería la gravación mediante impuestos y subvenciones.
Patrizia Laplana, directora General de Asla Green Solutions, añade que deben existir incentivos en agilizar el proceso de creación de estos proyectos. Juan Carlos Delrieu considera que España va tarde en materia de regulación por la necesidad de una reforma en la Ley de Propiedad Horizontal, mientras que Vaninina Farber, profesora de innovación en el IMD Bussiness School, señala que nuestro país se encuentra ante una oportunidad de liderar este sector por la fuerza histórica que ha tenido la inmobiliaria. Además, añade que ya existen estudios que dan mayor durabilidad y satisfacción por parte de dueños e inquilinos a los edificios que han sido construidos con criterios sostenibles.
Según el Ministerio de Fomento, en 2019 existen cerca de 25,79 millones de viviendas repartidas por el territorio. Este parque de viviendas se encuentra en una fase de envejecimiento y más del 50% de ellas está cerca del fin de su vida útil. Este envejecimiento, generalmente, no ha sido dotado de los suficientes cuidados. En España, el nivel promedio de rehabilitación anual se sitúa en el 0,18% (en otros países se sitúa en el entorno del 3%), como asegura el director de Estrategia y Sostenibilidad de la Asociación Española de Banca.
España destinará 26.640 millones a transición ecológica
En materia de sostenibilidad, añade que «más del 70% de las viviendas tiene una ínfima calidad energética y cerca de un 40% son viviendas inapropiadas por habitabilidad, bienestar y accesibilidad».
Una situación que podría cambiar próximamente ya que está previsto que en los próximos tres años se rehabiliten medio millón de viviendas para aumentar la eficiencia energética. Esta medida entra en vigor después de la aprobación por parte de la Comisión Europea del Plan de Recuperación de España de 72.000 millones de euros. 26.640 millones serán destinados para la transición ecológica entre lo que se encuentra la reforma del medio millón de viviendas.
Financiación
La regulación financiera debe convertirse también en un pilar de evolución. El director general de Economía y Estadística del Banco de España cree que las entidades financieras deben recoger todos los riesgos.
Además la regulación financiera debe facilitar un marco de reconocimiento, supervisión y gestión de esos riesgos. Óscar Arce se mantiene positivo en este aspecto y confirma que «existe margen para que la regulación financiera sea un elemento de acompañamiento en este cambio de modelo productivo hacia prácticas medioambientales».
Por ahora, el papel debe ser secundario y muy centrado en el reconocimiento explícito de los riesgos asociados a todo tipo de inversiones. Según el Banco de Inglaterra, como recoge Delrieu, un cliente con tendencias hacia la sostenibilidad tiende a ser un cliente más solvente y con un menor riesgo en mora.
