La Vicepresidencia de Derechos Sociales, que detenta Unidas Podemos en la coalición de Gobierno, propone, en el marco de la nueva Ley de Vivienda, que los grandes propietarios de inmuebles destinen el 30% de sus viviendas a alquiler social.
Como argumento esgrimen que es una medida que ayudará a poner fin a la «emergencia habitacional en España», y que aumentaría en pocos meses el parque público entre 140.000 y 150.000 viviendas.
La propuesta ha sido formulada por la secretaria de Estado para la Agenda 2030, Ione Belarra, dependiente de la Vicepresidencia, durante su comparecencia en la comisión mixta para la coordinación y seguimiento de la estrategia española para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
A disposición de la Administración
«Necesitamos una Ley de Vivienda que corresponsabilice al sector inmobiliario, al sector privado, en la garantía del derecho a la vivienda y le comprometa a cumplir con la función social que tiene que tener necesariamente la vivienda. Para ello es imprescindible que los grandes tenedores de vivienda, por ejemplo, pongan a disposición de las administraciones públicas un porcentaje de su parque para destinarlo a vivienda social», ha explicado la secretaria de Estado.
Desahucios, okupas, moratorias….
La secretaria de Estado también ha reivindicado la creación de un «escudo social sin precedentes» ante la pandemia del Covid-19, con medidas prorrogadas hasta final del estado de alarma, como la suspensión de prácticamente todos los desahucios sin alternativa habitacional, la prohibición de cortes de los suministros básicos a personas vulnerables, o la ampliación de las moratorias hipotecarias.
Precisamente, decisiones como la ampliación de varios supuestos para impedir los desahucios, o la ampliación de moratorias hipotecarias, han generado malestar y preocupación en el sector inmobiliario, por la inseguridad jurídica y la huida de los inversores del mercado.
Hay que recordar que la inclusión por sorpresa de dos modificaciones del Real Decreto de 22 de diciembre que paraliza los desahucios, y cuya vigencia se restringe a la duración del período del estado de alarma, ha generado amplia preocupación en el sector. El nuevo texto amplía la protección a la ocupación ilegal al eliminar la posibilidad de suspender la paralización del desahucio aún en el caso de que sea consecuencia de delito.
Desde la Asociación de Promotores Constructores de España (APCEspaña) y la Asociación de Propietarios de Vivienda en Alquiler (Asval) entienden que la modificación incorporada sin previo aviso al Decreto original, es un paso más hacia la protección de la ocupación ilegal que genera graves problemas sociales y económicos. También la agencia de calificación Moody’s, ha alertado del impacto sobre la inversión de la nueva ley contra desahucios.
