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Podemos propone considerar grandes tenedores a quienes tengan más de cinco viviendas

El partido liderado por Pablo Iglesias propone que en la nueva Ley de Vivienda se considere gran propietario a quien tenga cinco activos o más, mientras ahora el Gobierno lo fija en diez inmuebles.

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En el contexto de las negociaciones entre el PSOE y Unidas Podemos para finiquitar el borrador de la futura Ley de Vivienda, hay una nueva propuesta. En concreto, el partido encabezada por Pablo Iglesias planteará al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) definir al gran propietario de vivienda como aquella persona física o jurídica titular de cinco o más inmuebles, según informa Cinco Días.

Así, la propuesta de Unidas Podemos supone rebajar a la mitad la descripción de gran tenedor que el Gobierno ha usado en los decretos leyes aprobados en materia de vivienda desde el inicio de la crisis del Covid.

De hecho, este se define como la persona física o jurídica titular de diez o más inmuebles urbanos -excluyendo garajes y trasteros- o una superficie construida de más de 1.500 metros cuadrados.

Este planteamiento se produce una semana después de que la Vicepresidencia de Derechos Sociales, que detenta Unidas Podemos en la coalición de Gobierno, haya propuesto para la nueva Ley de Vivienda que los grandes propietarios de inmuebles destinen el 30% de sus viviendas a alquiler social.

Como argumento, el partido liderado por Pablo Iglesias esgrime que esta medida ayudará a poner fin a la «emergencia habitacional en España» y que aumentaría el parque público.

Asval, en contra

En este sentido, la Asociación de Propietarios de Vivienda en Alquiler (Asval) ha calificado como un «atentado contra el Derecho a la propiedad privada» la propuesta de que los grandes propietarios de inmuebles destinen el 30% de sus viviendas a alquiler social.

La asociación, que cuenta con cerca de 2.000 propietario de viviendas de alquiler, ha apuntado que «la medida supone en la práctica una expropiación y lanza un mensaje contrario a la seguridad jurídica que se necesita para desarrollar el alquiler en nuestro país».

En este sentido, Asval considera que la aprobación de esta medida afectará a la confianza que reclaman inversores nacionales e internacionales que quieren operar en el mercado español y que también afecta a nuestra imagen como país.

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