Progresamos adecuadamente. Esta puede ser la calificación final del año 2021 que estamos a punto de despedir y en el que nuestro sector inmobiliario ha hecho sus deberes. Como consecuencia de la pandemia, hemos aplicado una velocidad mayor y controlada al proceso de transformación estructural que ya estábamos desarrollando desde la anterior crisis económica de 2008.
Con buenas cifras de compraventa de vivienda, la flexibilización de las condiciones para acceder a un préstamo hipotecario, la previsión de estabilidad y crecimiento que se contagia del resto de sectores industriales de nuestro país y que deriva también de nuestros vecinos europeos, nos aproximamos a un 2022 alentador que nos acercará a entornos nuevos como la transición energética o el coworking. Podemos afirmar que todos los agentes de nuestro sector están en esta senda y este es el objetivo por excelencia de nuestros asociados: contribuir a su compromiso con el planeta y con la reducción de la huella de carbono de nuestra actividad. Las ciudades y las áreas metropolitanas suponen el 70 % de las emisiones de carbono mundiales y más del 60 % del uso de recursos, tal y como nos recuerda Naciones Unidas en su Objetivo de Desarrollo Sostenible número 11.
Uno de los retos en la sostenibilidad que marcará este futuro más inmediato es la rehabilitación de viviendas como técnica para optimizar espacios que en estos momentos no están siendo aprovechados en todo su potencial. Además, así se cumple con el Plan de Recuperación de nuestro país que, en línea con la Renovation Wave europea, contempla la rehabilitación de viviendas en áreas metropolitanas, rurales y en el residencial destinado al alquiler social. De forma proactiva, nuestros asociados llevan desarrollando con éxito este tipo de actuaciones con una visión más amplia y de cohesión social al implicar, en ocasiones, proyectos de envergadura con un carácter estratégico de regeneración urbana.
ACI es una de las voces que reclama la construcción de más obra nueva, así como un marco propicio para que se incremente el parque de vivienda pública en régimen de venta y alquiler con el que nos podamos equiparar con otros países de Europa. Se trata de un horizonte en el que asumiremos la intensificación del BTR como una de las soluciones a la falta de oferta actual y a un precio competitivo acorde con el dinamismo del mercado. Con el apoyo de la Administración tenemos que incorporar un parque residencial que responda a las necesidades reales.
El sector de oficinas se recupera a buena velocidad tras ser uno de los que más ha sufrido con los efectos de la pandemia y el crecimiento del trabajo en remoto. Un año y medio después se ha convertido en uno de los que más inversión inmobiliaria ha atraído, tal y como han notado nuestros asociados. Los empresarios de entidades de cualquier tipología con sede física han comprobado el alto valor estratégico de las oficinas para el desarrollo de sus negocios y han apostado por adaptarlas y prepararlas con tecnología puntera para afrontar los próximos desafíos.
Más que un reto es una normativa en la que tenemos nuestras esperanzas puestas, el Anteproyecto de la futura Ley estatal de Vivienda, que pretende adaptas su nivel de ambición y dimensión al contexto y que está inmerso ahora en la fase de informes preceptivos.
Impulsar la digitalización de las Administraciones Públicas es una de las prioridades de nuestro Gobierno que nosotros apoyamos con todo nuestro empeño. El planteamiento de que en tres años la mitad de sus servicios estén disponibles a través de aplicaciones móviles y se simplifiquen y personalicen las relaciones de la ciudadanía y las empresas con las Administraciones, es lo que persigue la Agenda España Digital 2025. Los efectos inmediatos también se verán plasmados en los procesos administrativos vinculados con el urbanismo que se dinamizarán al reducir la burocracia en la solicitud de licencias y los plazos en la gestión y ejecución de obras.
La actualización de normativas y protocolos unificados en la obra nueva respecto a seguridad sanitaria podría ser uno de los primeros asuntos que podría tratar una futura Mesa de Vivienda tras sufrir la pandemia global. Este órgano, que vemos necesario que se implante, englobará a los stakeholders del sector que tiene algo que decir, en este caso, en cuanto a una regulación conjunta respecto a espacios comunes, ventilación o soluciones para la desinfección de zonas comunes. Mejor superar los retos en común y liderar en un clima de colaboración el retorno a la actividad económica en España.
