El pasado 22 de diciembre, el gobierno español aprobó una nueva suspensión de los desahucios por impago de alquiler de familias vulnerables sin alternativa habitacional. Esta medida estará vigente mientras dure el estado de alarma, al menos, hasta mayo de 2021.
Esta nueva ley es una extensión de la regulación aprobada en marzo, al inicio de la crisis del coronavirus, para proteger a los inquilinos vulnerables afectados por la pandemia. No obstante, en el caso de inquilinos con contrato, todos los propietarios tendrán derecho a solicitar una compensación.
Así, la agencia de calificación ha apuntado que «si bien la nueva medida es temporal, sigue una línea de los últimos años de regulación de la vivienda que ha erosionado los derechos de los acreedores sobre la recuperación de la propiedad, lo que refleja la creciente relevancia del riesgo social en la vivienda».
En este sentido, Moody’s menciona que desde 2012 el Ejecutivo español empezó a establecer limitaciones en los desalojos por impago de préstamos, en una tendencia que ha ido extendiendo con el paso de los años y que es existe una tendencia a seguir haciéndolo.
Estas leyes «que protegen a los inquilinos y prestatarios hipotecarios tienen una serie de implicaciones negativas para los bancos, así como para una serie de instrumentos de titulización», ha explicado la agencia.
Freno a la inversión
Por otro lado, ha advertido que todas estas medidas reducen el incentivo para la inversión del sector privado en activos residenciales españoles y afectan negativamente las recuperaciones de las propiedades embargadas; también ha recalcado que encarece el crédito.
No obstante, Moody’s recalca que la nueva ley permite los desalojos solo si las autoridades públicas proporcionan viviendas alternativas. Sin embargo, el stock de viviendas sociales públicas propiedad de las regiones es muy limitado y representa solo el 1,6% del total de viviendas (el 2,5% incluidas las viviendas de propiedad municipal).
Los gobiernos regionales están trabajando actualmente en la aprobación de sus respectivos presupuestos para el 2021, y «es muy poco probable que aumente el gasto esperado en vivienda social para atender la nueva demanda creada por la ley», ha matizado la agencia.
