El Ayuntamiento de Valencia se enfrenta a procesos judiciales que podrían acarrear indemnizaciones de 50 millones de euros si atiende la petición de algunos colectivos y decide echar atrás el desarrollo urbanístico del PAI de Benimaclet que llevará a cabo la promotora Metrovacesa. El proyecto se edificará sobre más de 250.000 metros cuadrados de superficie en la zona norte de la ciudad, según informa El Confidencial.
Un informe jurídico encargado por Metrovacesa, dueña del 40% del suelo y que ha agrupado a más del 55% de los propietarios para plantear una alternativa e iniciar los desarrollos, cifra en esa cantidad el coste de las compensaciones que podría acarrear la desclasificación de un sector reconocido como urbanizable en el Plan General de Ordenación Urbana de 1988.
No obstante, hay confianza en que el desarrollo seguirá adelante. Así se ha trasladado desde el ayuntamiento que dirige Joan Ribó y desde el área de Urbanismo. Aunque como consecuencia del debate público generado en torno al proyecto, la promotora ha optado por reforzar su posición con un análisis jurídico-urbanístico que explore las consecuencias de un hipotético bloqueo.
Pese a haber superado y recogido ideas en el marco de un proceso participativo tutelado por el ayuntamiento, algunos colectivos vecinales se han opuesto al proyecto planteado por Metrovacesa –su principal desarrollo en la ciudad, con una inversión prevista de 280 millones de euros-.
Los vecinos se oponen al proyecto
La Asociación de Vecinos de Benimaclet, que en un primer momento había dado luz verde al plan tras participar en su debate, reclama ahora una reducción de la edificabilidad, mientras que la plataforma Cuidem Benimaclet apuesta directamente por desclasificar todo el suelo como urbanizable modificando el PGOU para reconvertirlo en rústico.
Para dotarse de argumentos jurídicos frente al consistorio, las dos entidades críticas encargaron un primer informe a la Universidad de Valencia con el fin de conocer qué impacto tendría en las arcas municipales bloquear la propuesta urbanística. En él, se admite la necesidad de abrir un proceso de revisión del PGOU para sustituir la condición de suelo urbanizable por la de no urbanizable y se cifra el coste de las indemnizaciones en 11,5 millones de euros.
En este sentido, el documento ofrece como alternativa al pago de indemnizaciones la posibilidad de mantener aprovechamientos urbanísticos, pero reduciendo la edificabilidad prevista de 1.345 viviendas a tan solo 350, algo que la promotora considera inviable en términos de costes e insuficiente como para desarrollar la urbanización y los elementos dotacionales (campo de fútbol, parcelas educativas y sanitarias…) que cedería a la Administración municipal por el sistema de cargas urbanísticas.
