El mercado inmobiliario español atraviesa un momento de claros contrastes. Así lo refleja la XXIII edición del Barómetro Inmobiliario de la Unión de Créditos Inmobiliarios (UCI) y Spanish International Realty Alliance (SIRA), que confirma un comportamiento dual cada vez más marcado entre el alquiler y la compraventa. Mientras arrendar una vivienda es casi inmediato, venderla sigue un proceso más calmado y reflexivo.
Según los profesionales inmobiliarios consultados, una vivienda en alquiler tarda de media solo ocho días en encontrar inquilino. En cambio, una operación de compraventa necesita alrededor de 54 días para cerrarse. Esta diferencia ilustra dos realidades que conviven en el mismo mercado.
El alquiler se mueve en un escenario de máxima presión. La elevada demanda, unida a un stock muy limitado, reduce los plazos de forma drástica y deja poco margen de maniobra a los inquilinos. Esta situación es especialmente visible en las grandes ciudades, donde la rotación es alta y la oferta escasa.
La falta de alternativas también tiene efectos directos sobre las condiciones de acceso. Muchos arrendatarios apenas pueden comparar opciones o negociar precios. Al mismo tiempo, los propietarios tienden a endurecer los requisitos ante un mercado claramente favorable para ellos.
Un alquiler tensionado frente a una compraventa más racional
Frente a la rapidez del alquiler, la compraventa mantiene un ritmo más pausado. Los 54 días de media responden a trámites habituales como la financiación, las tasaciones o la firma ante notario. Aun así, los expertos consideran que se trata de plazos razonables. Este comportamiento más estable indica que las operaciones se cierran con relativa fluidez. No obstante, el Barómetro subraya que la raíz del problema es común en ambos mercados. La falta de vivienda disponible sigue siendo el principal obstáculo para equilibrar oferta y demanda.
Las previsiones para 2026 apuntan a un escenario de precios al alza. Nueve de cada diez profesionales creen que el valor de la vivienda aumentará entre un 5% y un 10%. Esta tendencia refuerza la percepción de tensión estructural en el mercado.
Seguridad jurídica y medidas para liberar vivienda
Ante este contexto, los profesionales reclaman soluciones para aumentar la oferta. La medida más señalada es garantizar la seguridad jurídica de la propiedad. El 62% considera prioritario acabar con la ocupación ilegal y los llamados ‘inquiokupas’. Otras propuestas pasan por incentivar fiscalmente a quienes pongan sus viviendas en alquiler. También se pide agilizar los trámites administrativos para generar suelo listo para construir. La reducción de impuestos en la producción de vivienda, especialmente la protegida, figura entre las demandas más repetidas.
Asimismo, parte del sector defiende permitir el cambio de uso de locales y oficinas a vivienda. La agilización de licencias y un mayor apoyo a la rehabilitación completan el abanico de medidas planteadas. El objetivo común es claro: recuperar stock y aliviar la presión actual.
