La Comunidad de Madrid ha lanzado una ofensiva para dinamizar el mercado inmobiliario con tres medidas, –declaraciones responsables en vez de licencias, Plan Vive de alquiler para jóvenes y ahora concursos de suelos de su propiedad en concesión- encaminadas a desatascar el negocio.
En esta línea, la Comunidad de Madrid sacará antes de que termine el año 1,8 millones de m2 de suelos de su propiedad mediante concurso público y concesión, con el fin de poner en el mercado suelo más barato destinado a vivienda protegida y de alquiler, de precio más asequibie para jóvenes. El Gobierno regional ya anunció hace unas semanas que sacaba a concurso público la venta de 193 parcelas listas para edificar, con una superficie global cercana al millón de metros cuadrados y un valor de mercado de unos 256 millones de euros.
No obstante, promotores como David Martínez, CEO de Aedas Homes, se mostraron prudentes a la hora de valorar el método de la concesión, que es el que baraja la Comunidad de Madrid para estos suelos, incidiendo en los plazos de concesión para cuadrar rentabilidades, un punto que también preocupa a la patronal, Asprima. «Los números al final tienen que salir», precisó el consejero delegado de Vía Célere.
Pacto regional
El consejero del ramo de la CAM, David Pérez, también confirmó la firma este lunes del Pacto Regional por la Vivienda, que buscará paliar los efectos negativos sobre el sector como consecuencia de la crisis del coronavirus. El consejero de Vivienda de la Comunidad de Madrid, avanzó también que las primeras viviendas del Plan Vive saldrán a concurso en otoño, “que permitirán que muchos jóvenes puedan tener acceso al alquiler a mitad de precio”.
El proceso de elaboración de este texto arrancó en abril cuando el consejero de Vivienda y Administración Local, David Pérez, se reunió con representantes de organizaciones como Distrito Castellana Norte -promotores de Madrid Nuevo Norte-, Asprima, Coapi o el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid.
Pacto Regional se articularía en estos ejes: fortalecer la colaboración público-privada, medidas fiscales tanto en compra como alquiler, impulso a la economía social, mejora de la seguridad jurídica, flexibilización administrativa, agilización de trámites, financiación suficiente y estable y abordar la situación actual como una oportunidad de transformación del sector.
En la comunidad madrileña preocupa la posible ralentización del mercado inmobiliario tras la pandemia del coronavirus, ante lo que entiende fundamental la flexibilidad y agilidad administrativa, que además, deberá ir acompasada con la rehabilitación y regeneración urbana que mejore el parque inmobiliario madrileño.
