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Madrid retoma su Ciudad de la Justicia con el concurso para el estudio de viabilidad económica

El Gobierno madrileño pretende concentrar en un espacio judicial único 356 órganos jurisdiccionales repartidos en 28 edificios dispersos.

La presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante la visita al nuevo Instituto Forense.

El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha autorizado este miércoles la salida a concurso público del contrato para la elaboración del estudio de viabilidad económica del nuevo proyecto de Ciudad de la Justicia. La idea, según ha detallado la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, “es empezar pronto, que a mediados de la presente legislatura se pueda comenzar con la construcción del mismo y tenerlo finalizado para la siguiente”.

Las instalaciones estarían ubicadas en el nuevo barrio de Valdebebas, en las parcelas anexas al Instituto de Medicina Legal, que es el único edificio que se construyó de este proyecto de concentración de sedes judiciales en el que diferentes Gobiernos populares de la Comunidad de Madrid han trabajado, y al nuevo Hospital Enfermera Isabel Zendal; junto a los recintos feriales de Ifema y el aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso hizo este anuncio en la inauguración de la nueva sede del Instituto de Medicina de Legal y Ciencias Forenses, conocido como el ‘Donut‘, por su arquitectura.

Se trata del único inmueble que se levantó del antiguo proyecto del Campus de la Justicia en 2004, y que será desde ahora la sede del Instituto de Medicina Legal (IML) de Madrid, heredero del Instituto Anatómico Forense de la Ciudad Universitaria. Su único uso anterior fue el de morgue provisional durante la primera ola de la pandemia en abril.

Para la puesta en funcionamiento de este edificio, que permanecía inacabado desde el Gobierno presidido por Esperanza Aguirre, el Ejecutivo regional ha invertido más de 5 millones de euros.

Con este acuerdo se cumple con la Ley de Contratos del Sector Público que obliga a que las administraciones, con carácter previo a la construcción y explotación de obras, realicen un estudio de viabilidad económico financiero. 

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