Así lo ha afirmado el delegado de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Madrid, Mariano Fuentes, al sostener que «en ningún caso» se establecerá el control estatal en la capital.
El Ayuntamiento de Madrid, una de las ciudades del país con mayor tensión en el mercado del alquiler junto a Barcelona y su área metropolitana, Palma de Mallorca, Sevilla o Málaga, rechazará establecer cualquier tipo de limitación en las rentas una vez que la ley en materia de vivienda que prepara el Gobierno de coalición esté lista, dentro de previsiblemente cuatro meses.
El delegado de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Madrid, Mariano Fuentes, ha tachado la medida de «populista y basada en el mensaje fácil», y ha asegurado que el Consistorio no aplicará la ley.
En paralelo, la futura Ley estatal de vivienda, en la que se incluirán los mecanismos que aparentemente permitirán a las comunidades autónomas y ayuntamientos limitar las rentas del alquiler en las zonas tensionadas, empezará a debatirse a mediados de mes con el objetivo de llevarse al Consejo de Ministros en tres meses y al Congreso en cuatro, según explicó ayer Francisco Javier Martín. El director general de Vivienda y Suelo del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) participaba en un evento organizado por Registradores de la Propiedad y la CEOE.
En concreto, la nueva ley permitirá a las comunidades autónomas y ayuntamientos establecer límites a las rentas en base al índice de precios de referencia, que presentó en julio el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
En este sentido, la Asociación de Propietarios de Viviendas en alquiler (Asval) ha afirmado que este acuerdo es «una mala noticia para el mercado». Beatriz Toribio, directora general de la asociación, ha defendido que esta normativa «no soluciona el problema estructural que sufre el sector en España: la falta de oferta de vivienda en alquiler, sobre todo social y a precio asequible».
El precedente establecido en Cataluña también está rodeado de polémica, argumentando que ya se empiezan a notar los «efectos negativos» de la Ley catalana que regula las rentas en 60 municipios de la Generalitat desde el mes de septiembre. Ponen el foco, principalmente, en la paulatina reducción de la oferta y en el aumento de la inseguridad jurídica.
