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El Gobierno elimina el canon a promotores en la cesión de suelo público para alquiler social

El Consejo de Ministros ha aprobado también la prórroga hasta finales de septiembre del plazo de solicitud de las moratorias hipotecaria y para alquileres de grandes tenedores o empresas públicas.

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Son algunas de las medidas incluidas en una batería de iniciativas para el mercado residencial que el Ejecutivo ha aprobado en el Consejo de Ministros de este martes. En el consejo de Ministros de hoy comparecían la ministra portavoz, María Jesús Montero; el vicepresidente y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias; el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo; y el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos.

Así, con la medida presentada por el ministro Ábalos, las administraciones (en el caso del Estado es Sepes), mejorarán las condiciones de licitación del suelo público a disposición de empresas privadas para la construcción y gestión de viviendas de alquiler social durante 75 años para que estos construyan viviendas y las arrienden a precios asequibles. Dicha cesión podrá realizarse sin el pago de un canon por parte de quien recibe el derecho de uso de superficie, aunque el texto que ha leído el ministro es posibilista; es decir no obliga a su eliminación.

De hecho, el ministro ha hablado de que el canon que estas empresas pagan cuando se adjudican la licitación ‘pueda llegar’ a ser cero. Con esta salvedad, La consideración tiene que ver más con la discrecionalidad de comunidades autónomas y ayuntamientos para poder ejecutarlo o no.

Las cesiones de suelo público a promotores privados de viviendas en alquiler hasta 75 años amplían el tiempo más de lo que se barajaba en principio. En el planteamiento inicial se contemplaba que estas operaciones tuvieran un límite de 50 años. Al ampliarse en 25 más, los edificios que se levanten mediante esta fórmula de colaboración público-privada podrán explotarse en arrendamiento durante un periodo de hasta 75 años.

Ábalos también se ha referido al ‘refuerzo’ a las regiones en donde aquellas que no han ejecutado el dinero del plan de ayudas a la vivienda para que no lo tengan que devolver, sino que lo utilicen para otros planes que no han podido desarrollar.

La medida parece un un paso más en la estrategia del Gobierno para impulsar el alquiler frente a la vivienda en propiedad; fuentes del sector cifran en dos millones de viviendas el stock necesario para hacer frente a la nueva demanda. Hace unas semanas, el Consejo de Ministros ya aprobó la esperada estadística oficial de precios de alquileres, aplazada en dos ocasiones anteriormente.

Esta herramienta debía servir para limitar las rentas. No obstante, la pandemia ha llevado al Ejecutivo a aplazar de momento esa medida. La imposición de topes a los alquileres desde la Administración levanta una oposición prácticamente unánime en todo el sector inmobiliario.

«Esta medida tiene como objetivo dinamizar la economía y al mismo tiempo ir generando un parque de vivienda pública que no tenemos en España, que incluso ha ido a menos por determinadas políticas», reiteró el ministro, que apuntó que las viviendas de alquiler social en España son únicamente el 2,5% del total, frente al 5% en la media de la UE.

Escudo social

El objetivo es extender todos estas medidas, aplicadas dentro del llamado «escudo social», seis meses después del establecimiento del estado de alarma, al tiempo que se minimiza el impacto que la crisis sanitaria originada por el coronavirus ha tenido en las familias más vulnerables.

En lo relativo al mercado inmobiliario, el primero en intervenir ha sido el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, que ha presentado las medidas de carácter social incluidas en el decreto de reactivación económica, y para las que ha asegurado que «este Gobierno ha construido un escudo social, seguramente mejorable, pero sin precedentes».

Así, la prórroga de los contratos de alquiler de seis meses se podrá solicitar hasta el 30 de septiembre y se aprueba también que no haya cortes de electricidad, agua y gas hasta octubre.. Además y también hasta el 30 de septiembre, se dará luz verde al aplazamiento temporal y extraordinario en el pago de la renta para el caso de grandes tenedores de vivienda o empresas públicas.

«La moratoria hipotecaria, de la que se han concedido más de 200.000 solicitudes se podrá solicitar hasta el 29 de septiembre y tendrá una duración de tres meses», ha explicado Iglesias.

((habrá ampliación))

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