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Los promotores catalanes proponen un plan de choque para el sector

La Asociación de Promotores de Cataluña (APCE) piden a las administraciones catalanas un plan de choque que active el sector inmobiliario para que sea motor de la reactivación económica del país.

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La Asociación de Promotores de Cataluña (APCE) piden a las administraciones catalanas un plan de choque que active el sector inmobiliario para que sea motor de la reactivación económica del país. Solicitan la creación de medidas bajo el lema “Reconstruyendo el sector también reconstruimos Catalunya”, según informa La Vanguardia.

Entre las propuestas planteadas encontramos la agilización en la tramitación de licencias urbanísticas y la licitación de suelo público para que las empresas privadas construyan viviendas sociales de alquiler en régimen de concesión.

Estas medidas incrementarían la producción anual de viviendas hasta las 25.000, según Lluis Marsà, presidente de la APCE, que además, generarían 60.000 empleos y unos ingresos fiscales de alrededor de los 1.500 millones de euros, ya que aproximadamente el 20 por ciento del precio del inmueble son impuestos. También es importante destacar que la cifra de producción de viviendas supondría dar una respuesta a las necesidades de la población.

Por otro lado, requieren que las administraciones abran procesos de cesión del derecho de superficie de los suelos que están reservados para las construcción de viviendas de protección oficial (VPO). De tal forma que, las empresas privadas las construyan y las gestionen en alquiler por un período de tiempo, lo cual revertiría a favor de la administración. Esta medida supondría la posibilidad de construir 73.000 viviendas en el área metropolitana, de las cuales 20.000 estarían en Barcelona.

Además, piden que se modifique el IVA de las cesiones de derechos de superficie que es de un 21 por ciento y se iguale al general del sector que es de un 10 por ciento. También consideran necesario que se revisen los precios de venta máximos de venta y alquiler para construir VPO, puesto que no se han modificado desde que se fijaron en 2007, mientras que los costes de construcción si que se han incrementado un 45 por ciento desde esa fecha.

Por otro lado, instan a que se anule la habilitación a los ayuntamientos para que puedan establecer reservas para construir vivienda protegida en suelo consolidado. La APCE entiende que esta medida ha paralizado la actividad del sector en Barcelona, donde se fijó que un 30 por ciento de las viviendas de cada promoción tenían que ser protegidas. Y esto, ha hecho que los promotores se hayan ido a otras ciudades.

Por último, reclaman la simplificación de los trámites para la obtención de licencias que ayudaría a que muchas obras pudieran empezar más rápidamente. Marsà recuerda que por cada vivienda que se construye se generan 2,4 puestos de trabajo, de los cuales 1,6 son directos.

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