URW, propietario de los centros comerciales de Glorias, La Maquinista y Splau, quiere cobrar a sus operadores los alquileres íntegros «a pesar de los cierres y haciendo caso omiso al Decreto Ley 34/2020, de 20 de octubre, de la Generalitat», según denuncian los comerciantes alquilados.
La compañía propietaria de centros comerciales cerró recientemente la emisión de 2.000 millones de euros en bonos con vencimientos a seis y once años; también ha aumentado cinco emisiones anteriores en 1.000 millones.
La gran mayoría de comerciantes y restauradores de los centros comerciales han firmado un escrito en el que explican su frustración con el propietario y retailer Unibail-Rodamco-Westfield (URW) porque no han podido llegar a ningún acuerdo, mientras que «con otros pequeños propietarios han establecido pactos para reequilibrar los alquileres comerciales».
Desde el 14 de marzo, fecha en que se decretó el Estado de Alarma, «este arrendador ha ido posponiendo y evitando la renegociación de los alquileres de los locales comerciales afectados, y ahora, desde el mes de enero, se niega a aplicar las medidas aprobadas al RDC 34/2020, de 20 de octubre, a las que los arrendatarios comerciantes y restauradores habían solicitado expresamente acogerse·, aseguran.
Facturas de enero
El gran tenedor de centros comerciales como Glorias, La Maquinista o Splau, entre otros, ha hecho llegar a los operadores de los centros comerciales las facturas del mes de enero con los importes íntegros de alquiler y gastos, como si los locales hubieran estado a pleno rendimiento todo este tiempo.
Rehusa así la aplicación de las medidas incluidas al decreto catalán 34/2020, de 20 de octubre de la Generalitat, a las que solicitaron acogerse los arrendatarios y que les supone eximirse del pago del 50% del alquiler y gastos de la superficie que no se pueda aprovechar por razón de las medidas de suspensión o restricción asociadas al Estado de Alarma. De hecho, buena parte de los operadores han denunciado a URW por miedo al desahucio.
Las entidades Comertia y Barcelona Oberta denuncian estas posturas inflexibles y poco realistas de grandes tenedores y los instan a respetar la normativa catalana de rebaja del alquiler, para poder hacer frente a la situación.
