Los consistorios reaccionan tras la manifestación del Ejecutivo regional de que sean los propios ayuntamientos quienes limiten el precio del alquiler en los distintos municipios, según informa El Día.
Los ayuntamientos canarios no han tardado en responder a la propuesta señalando que esta tarea excede de sus responsabilidades y que deben ser los gobiernos quienes asuman la fiscalización del mercado, ya que están de acuerdo en que la subida de precios en los arrendamientos es un problema social a resolver.
Antes las presiones de Podemos por llevar a cabo su iniciativa, finalmente el PSOE anunció que la normativa permitiría a la Administración pública intervenir en los precios en un breve plazo antes de verano. Por tanto, una vez esté en vigor la normativa tanto las comunidades autónomas como los municipios podrán obligar de manera temporal y excepcional a los propietarios de viviendas en alquiler a no cobrar un precio superior a lo que la Administración fije.
Sebastián Franquis, consejero regional de Vivienda, valoró positivamente la iniciativa entendiendo que los ayuntamientos son quienes más conocimientos del mercado tienen de sus localidades, barrios y distritos para regular los precios.
Por tanto ahora queda por ver quien llevará a cabo dicha fijación de precios, si los ayuntamientos o los gobiernos.
