Desde el Consejo General de los Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (CGCOAPI) han advertido hoy de que el último decreto del Gobierno del 11 de abril “sí abre la puerta a afectar viviendas de titularidad privada y eso sólo puede hacerse a través de procesos expropiatorios”.
Así lo afirma Gerard Duelo, presidente del Consejo General de los APIS, y aclara que la normativa “incide de forma directa en el derecho a la propiedad privada y no se describe cuál es la vinculación de la crisis sanitaria con el colectivo de destinatarios del programa de ayudas».
«Más bien -añade- parece que desde el Gobierno se está utilizando el estado de alarma para legislar, por medio de una norma de rango normativo inapropiado, sobre materias en las que no deberían hacerlo al afectar a un derecho fundamental como es el derecho a la propiedad privada protegido en el artículo 33.1 y que llevan a dudar de la constitucionalidad de la medida”.
La aparente habilitación que el Real Decreto-Ley otorga a la norma ministerial para adoptar medidas que afectan de forma clara a un derecho fundamental “resulta insuficiente para salvar la inconstitucionalidad que se aprecia·.
Y por otro lado, «se escapa claramente a la finalidad del propio Decreto-Ley, que no es otro que abordar las necesidades surgidas como consecuencia directa del COVID-19 y no otras realidades sin duda necesitadas también de protección”, advierte.
Así ha reaccionado el Consejo General de APIS después de que el Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana haya aclarado que el nuevo programa de ayudas al alquiler a las víctimas de violencia de género y personas desahuciadas “no permite la expropiación de viviendas ni de segundas residencias”.
La orden ministerial tiene como finalidad desplegar los artículos 10, 11 y 12 del Real Decreto-Ley 11/2020, de 31 de marzo (RDL 11/2020), por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19 y así se indica en su preámbulo.
“Sin embargo la realidad es que incorpora medidas que se escapan a las consecuencias directas de la crisis del COVID-19”, alerta Gerard Duelo. El Colegio General de APIS representa a 46 colegios de toda España y a unos 10.000 agentes.
