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Los agentes inmobiliarios se decantan por el teletrabajo

Desde la llegada de la pandemia del coronavirus a España, el 70% de los agentes inmobiliarios han adoptado el teletrabajo en su actividad profesional de manera total o parcial.

oficina teletrabajo

La pandemia del coronavirus que golpea a España desde marzo ha obligado a miles de compañías y empleados a implantar sistemas de teletrabajo hasta ahora poco extendidos en el país, pues antes de la crisis sanitaria tan solo un 7% de los españoles teletrabajaba, según un estudio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

El teletrabajo se ha instalado en muchos sectores de la economía para poder continuar operando con relativa normalidad. El inmobiliario no ha sido la excepción y, en efecto, se ha detectado que el 70% de los agentes inmobiliarios están implementando esta modalidad, aunque sea de manera parcial, según el Consejo General de COAPIS.

Lola Alcover, secretaria del Consejo General de los Colegios Oficiales de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de España, ha explicado que el teletrabajo en el sector inmobiliario “es una herramienta insuficiente porque no se puede prescindir del trato y la gestión presencial”.

En las operaciones inmobiliarias es prácticamente de obligado cumplimiento la visita a los inmuebles, la relación personal entre cliente y comercial inmobiliario, y las negociaciones posteriores.

Sin embargo, una parte de la actividad de las agencias inmobiliarias se ha podido trasladar a la modalidad del teletrabajo a través de llamadas, mensajes de whatsapp, correos electrónicos o gestión documental y administrativa.

Modelo mixto de trabajo

Según los datos aportados por el sondeo realizado por el Consejo General de COAPIS, “la conclusión que podemos extraer es la de que se está potenciando un modelo mixto de teletrabajo y actividad presencial, que aproveche las mejores prestaciones de cada formato”, asegura Alcover.

“Si el teletrabajo tiene más ventajas o más inconvenientes es una controversia que ahora mismo está sobre la mesa y deberá pasar un tiempo antes de que se puedan medir resultados reales que permitan cuantificar el mayor beneficio o perjuicio de su implantación; circunstancia en la que va a tener mucho que decir la legislación que se elabore en esta materia”, analiza la secretaria del Consejo General de COAPIS de España.

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