El sector inmobiliario es uno de los principales agentes culpables del cambio climático a nivel mundial. Solo en Europa, el Real Estate acapara el 40% del consumo de energía y realiza el 36% de las emisiones de CO2. Solo el 1% de los activos realiza reformas anualmente: «No hay un parque inmobiliario renovado», asegura Javier González Liquete, Business Development Exective de Deepki.
El proceso de incluir los criterios EGS (Environmental, Social and Governance) se realiza en el inmobiliario a través de varios de sus actores. Primero, una concienciación por parte de clientes, empleados y opinión pública, que convence de aplicarlos a los diferentes players: las Administraciones Públicas comienzan a legislar y los fondos e institucionales inician procesos para obtener informes relacionados con la materia y buscan certificaciones para sus activos.
¿En qué punto está España?
A priori, lejos de países muy avanzados en esta materia como Reino Unido y Países Bajos. Lo primero el objetivo a alcanzar en reducción de emisiones para 2030; España solo se ha marcado bajar un 23%, frente a Reino Unido un 68% o Países Bajos un 49%.
Nuestro país dispone del peor (entre Reino Unido, Países Bajos, Bélgica , Francia e Italia) parque inmobiliario, atendiendo a una publicación del Buildings Performance Institute Europe. Más del 85% de los activos españoles tienen una calificación por debajo de la D. En la parte positiva, el 99% de las viviendas sí posee un contador inteligente de luz y gas, algo que solo supera Italia, mientras el resto de países se sitúa en cotas mucho más bajas; según un informe de la Unión Europea.
En 2012, la Directiva de Eficiencia Energética de la Unión Europea fijaba los objetivos de ahorro energético acumulativo. Aunque no hay datos recientes, solo de 2018, España solo tiene un 44% de posibilidades de cumplirlos.
Ley de Cambio Climático y Transición Energética
Esta norma fue aprobada en el Congreso de los Diputados el pasado mes de abril, con el objetivo de reducir emisiones y buscar energías más renovables. La intención es que España alcance las emisiones cero en 2050. El primer objetivo, para 2030, contempla reducir un 23% las emisiones de gases de efecto invernadero respecto a 1990. El gobierno busca con esta medida garantizar el cumplimiento de los Acuerdos de París, facilitar la descarbonización de la economía española e implantar un modelo de desarrollo sostenible.
«La Ley de Cambio Climático va acompañada de una serie de medidas que, dentro del sector inmobiliario, incluye la puesta en marcha de un plan de rehabilitación de viviendas y renovación urbana. El objetivo de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, que afecta a múltiples sectores de actividad, es ayudar a España a cumplir con sus compromisos internacionales en la lucha contra el cambio climático para alcanzar antes de 2050 la denominada neutralidad climática», explicó a Brainsre.news Carolina Paniagua, Business Development de Deepki .
Esto afectará al sector inmobiliario, en primer lugar, para cerrar cualquier compraventa o contrato de alquiler: será obligatorio disponer de un certificado de eficiencia energética. Además, se deberá conocer cuál es el consumo energético del edificio clasificado en una escala de la A a la G.
También, las empresas con más de 250 trabajadores o facturación superior a 50 millones deberán pasar una auditoría energética cada cuatro años.
A pesar de los cambios y el coste que supone acoplarse a estos criterios EGS, Javier G. Liquete, afirma: «Las normativas sobre ESG no deberían suponer una carga, sino una gran oportunidad de mejorar el rendimiento extrafinanciero y el valor de su patrimonio».
Otras medidas puestas en marcha
El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha puesto en marcha otras medidas para lograr la descarbonización del sector inmobiliario: incentivos fiscales, programa de ayuda pública y medidas legislativas para mejorar la envoltura térmica de fachadas, tejados y paredes e instalaciones térmicas, en 1,2 millones de edificios residenciales para 2030.
También, la propia Administración deberá someterse a la obligación de renovar sus edificios públicos, y programas de financiación y ayuda pública para la actualización energética de edificios del sector servicios.
