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Lazora desmiente las acusaciones del Ayuntamiento de Barcelona y lo denunciará por una campaña de «acoso»

Lazora niega el incumplimiento de la ley del Ayuntamiento de Barcelona y le acusa de una "injusta campaña de desprestigio y acoso" contra la empresa.

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Imagen panorámica de Barcelona.

La empresa de viviendas en alquiler Lazora, controlada por la gestora de fondos Azora, ha respondido al expediente sancionador que el Ayuntamiento de Barcelona le ha abierto por supuestamente no cumplir con la obligación de alquilar un total de 20 pisos de uno de los edificios de viviendas que posee en Barcelona.

La compañía ha desmentido «rotundamente» dichas acusaciones y las ha enmarcado en «una continuada e injusta campaña de desprestigio y acoso concertada contra Lazora por razones ideológicas e intereses partidistas».

«Las viviendas han estado y están alquiladas«, ha señalado la compañía de viviendas de alquiler en referencia a dichos inmuebles protegidos.

«Que la concejala Lucia Martín organice una rueda de prensa, rodeada de activistas afines a su grupo político que no representan a nadie más que a sí mismos, en el portal del edificio donde se hallan las viviendas motivo del expediente incoador, invadiendo un espacio privado para anunciar una sanción a todas luces irregular, con el objetivo de divulgar su mensaje ideológico y presionar a una entidad privada para que ceda sus viviendas al Ayuntamiento, es un acto ilegítimo que supone un gran deterioro del Estado de Derecho y de la imagen de la Administración y los funcionarios públicos«, señalan desde Azora.

Las viviendas sujetas de polémica están situadas en los números 11 y 12 de la plaza de Alfonso Carlos Comín de la capital catalana. Se trata de una promoción de 66 viviendas y 111 plazas de aparcamiento que se construyó para el alquiler y de protección oficial, durante los 10 primeros años.

La compañía asegura haber detallado medio centenar de contratos de arrendamiento firmados sobre las 20 viviendas en los periodos denunciados, además de haber dado pruebas de la labor comercializadora en este edificio, en el que se han firmado 124 contratos sobre un total de 66 viviendas en los últimos cuatro años.

Por ello, Azora , «va a iniciar las acciones legales (civiles, administrativas y penales) que en su caso puedan corresponder contra el ayuntamiento y las personas físicas responsables de estas actuaciones, incluido aquellas dirigidas a denunciar procedimientos administrativos llevados a cabo de forma irregular», señala en un comunicado.

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