

Casi la totalidad del sector extremeño ha presentado ERTES por entender que no es posible continuar con su normal actividad. La asociación ha señalado en una nota de prensa que «La declaración del estado de alarma supone la imposibilidad de desarrollar nuestra actividad y tiene el mismo efecto que si se hubiera suspendido nuestra actividad, igual que se hace en el decreto con los bares, gimnasios, etc.»
Viviex añade que resulta imposible cumplir con sus contratos de trabajo ya sea de manera directa o indirecta ya que el Real Decreto 463/2020 suspende la apertura al público de locales, mientras que la Ley 11/2019 de promoción y a acceso a la vivienda de Extremadura indica que para poder ejercer la actividad, es requisito imprescindible el disponer de un establecimiento abierto al público, según informa el diario Hoy.
Además, la Ley 11/2019 considera que el no disponer de un establecimiento abierto al público, supone una infracción grave con multas de entre 4.000 euros y 40.000 euros.
Desde Viviex apuntan que los inmuebles no se pueden vender ni por internet, ni por teléfono o correspondencia, ya que son medios simplemente publicitarios o de comunicación y que su actividad necesita el contacto con el cliente.