Las constructoras no cotizadas han pedido al Gobierno un conjunto de medidas para garantizar su liquidez durante el parón de actividad decretado y evitar una eventual cascada de concursos de acreedores en el sector, según informa Europa Press.
La Asociación Nacional de Constructores Independientes (Anci) estima que parte de las medidas no requiere de fondos, si bien el resto reconoce que supondrían un aumento del gasto de las administraciones públicas de entre 600 millones y 1.000 millones de euros.
La agrupación que aúna a firmas como Aldesa, Copasa, Azvi, Lantania o Sando advierte de que, «ante el parón de actividad, o se ponen medios para que las empresas del sector puedan mantener sus flujos de caja, o se verán abocadas a protegerse mediante la solicitud de concurso de acreedores».
Según Anci, las medidas aprobadas hasta ahora, referentes a líneas de avales o, en el caso de los contratos de concesión, reequilibrios mediante la ampliación de la vigencia del mismo, son «insuficientes».
En cuanto a las obras públicas, la patronal propone que se adelante el pago a las constructoras, dado que se trata de anualidades que «ya están consignadas». «Se trata de hacer uso de ese presupuesto con carácter de urgencia», apunta la asociación.
