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«El reparto de las ayudas europeas peligra por el vacío legal de las juntas telemáticas»

Los más de 6.000 millones de euros que se destinarán del Fondo de Recuperación Europeo para renovación de viviendas y edificios se distribuirán a través de comunidades de propietarios, que no pueden reunirse por la pandemia.

vivienda y rehabilitacion

El Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas (CGCAFE) ha dado la voz de alarma para que Gobierno y administraciones regionales agilicen los trámites de autorización de las juntas de propietarios telemáticas.

En España se celebran, aproximadamente, un millón de reuniones anuales de comunidades de propietarios, que no han podido tener lugar por la situación sanitaria provocada por pandemia.

Dinero en juego

Uno de los puntos más cruciales es la gestión de las ayudas a la edificación del Fondo de Recuperación Europeo, que van destinadas a las comunidades de propietarios, y que tienen que aprobarse por acuerdo. «Si no se regula la celebración de las juntas de propietarios por medios telemáticos, las ayudas procedentes de los Fondos Europeos y destinadas a la rehabilitación energética del parque inmobiliario pueden verse comprometidas”, explica a brainre.news Isabel Bajo, vicepresidenta del CGCAFE y presidenta del CAFMadrid.

Isabel Bajo CAFMadrid

Sobre la mesa está el reparto para España de más de 140.000 millones de euros de los fondos Next Generation o  fondos europeos para la reconstrucción tras el Covid, la mitad a través de subvenciones y la otra mitad mediante préstamos, aprobados en julio de 2020.

Para el sector, los fondos europeos incidirán principalmente en tres ámbitos: proyectos de rehabilitación de edificios, eficiencia energética y regeneración de ámbitos urbanos: son 6.320 millones destinados al área de rehabilitación y regeneración urbana.

Y en estos ámbitos, una primera línea se distribuirá a través de la renovación de viviendas o edificios con ayudas directas a las comunidades de propietarios. «Solo en rehabilitación energética se destinarán 5.300 millones de euros procedentes de los fondos europeos, más 1.000 adicionales, en los próximos años», cuantifica la directiva.

Propuesta legal

Así, los administradores de fincas colegiados solicitan que se apruebe, urgentemente, una norma que regule, a nivel estatal, la celebración de juntas de propietarios y de los órganos de gobierno de las comunidades de propietarios por medios cibernéticos. Las reuniones virtuales, además, no están reguladas por la Ley de Propiedad Horizontal.

Se trataría de garantizar el derecho de participación de todos los propietarios -que podrán asistir representados-, y con la posibilidad de intervenir en las deliberaciones y de garantizar la emisión de su voto.

Y dado que no todas las comunidades podrán reunirse virtualmente, también se propone la posibilidad de adoptar acuerdos sin junta mientras duren las restricciones. «Es lo que se llama acuerdo sin reunión, una práctica que ya se ha puesto en marcha en Cataluña«, precisa Isabel Bajo.

Cataluña sí establece la posibilidad de reuniones vía telemática y la validez de la toma de acuerdos de junta de propietarios con este sistema con la aprobación del Decreto-ley 26/2020, de 23 de junio, de medidas extraordinarias en materia sanitaria y administrativa.

Se calcula que el Consejo General de Administradores de Fincas de España gestiona unos recursos anuales que representan el 4% del PIB nacional, alrededor de 40.000 millones euros.

Gestión de fondos

En lo que respecta al reparto de Next Generation, para España, y en concreto, el sector inmobiliario, hay una política definida por el Gobierno. Así, se van a destinar 6.320 millones al área de rehabilitación y regeneración urbana, una demanda recurrente de la patronal, y los 1.000 millones destinados al Plan de Vivienda asequibles.

De ellos, 2.400 millones serán empleados en vivienda y barrios; 500 millones, para ciudades de menos de 5.000 habitantes con el fin de combatir la despoblación; 1.080, para edificios de comunidades y ayuntamientos; 1.000 millones para edificios de la Administración del Estado; 20 millones, para que las propias entidades locales diseñen sus planes de acción de la Agenda Urbana, y 300 para una convocatoria ya publicada del Instituto para la Diversificación Energética.

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