En este tiempo las emociones se han descontrolado: El miedo se ha mezclado con la rabia y la tristeza, en unos casos, y la responsabilidad, la solidaridad y el compromiso con el deseo de cambio de nuestras ciudades, viviendas y espacios de trabajo, por un futuro mejor.
La experiencia de vivir meses encerrados, compartiendo el tiempo de trabajo y de ocio con el cuidado de la casa y la familia, nos ha hecho conscientes de como la casa condiciona la forma de vivir, y también de sus carencias. Aislados, también hemos descubierto el valor de la convivencia, y la satisfacción de lo común, de compartir. Ha llegado el momento de mejorar nuestras casas, nuestra forma de vida.
En los debates y mesas redondas sorprende escuchar como innovación, valores que son habituales en el mundo profesional de la arquitectura y el urbanismo. Se habla de la vivienda postCOVID o la nueva ciudad, que no es sino la vivienda de calidad y la ciudad equilibrada.
Porque no se puede hablar de vivienda sin hablar de ciudad. Hemos tomado conciencia de la importancia del espacio público para la convivencia. La necesidad de proximidad a los servicios, sus relaciones, la generación de oportunidades y flujos de conocimiento, la movilidad sostenible en una vida más lenta, una ciudad-productiva y autosuficiente donde conviva lo natural y lo urbano, con un espacio público y un paisaje urbano de calidad, resiliente a las adversidades. Una ciudad equilibrada, densa, compleja, diversa e integradora.
Ahora toca actuar sobre un enorme parque construido de viviendas, que siguen respondiendo a patrones antiguos y no son adecuadas por sus condiciones de confort, habitabilidad o accesibilidad ni por su excesivo consumo energético o emisiones de GEI. Ese es uno de los retos de la arquitectura y hay una gran experimentación tipológica en la vivienda social, la casa mínima de recursos limitados.
La casa es más que la pura construcción, debe ser motivadora de una forma de vida y tener voluntad de permanencia. La vivienda de calidad es aquella que tiene flexibilidad para adaptarse a nuevas necesidades, que atiende al confort y la salud en base al soleamiento, la ventilación y el correcto aislamiento acústico, con una dimensión privada ligada a la belleza, la luz, el orden, la calidad del espacio y la necesidad de un equilibrio con la naturaleza y los espacios de relación exterior-interior.
Tras la crisis de 2008 surgió un nuevo sector inmobiliario con valores de transparencia, ética y sostenibilidad, que usa las nuevas tecnologías y pone foco en el cliente y el diseño, con la voluntad de desarrollar una arquitectura de mayor calidad, que cumple otra función fundamental, la emoción.
Pero esa transformación solo llegó a las empresas y los profesionales, quedándose las administraciones muy lejos de ese tsunami. El marco regulatorio y las normativas urbanísticas y técnicas están obsoletas, no responden a las nuevas necesidades de la sociedad, y los procedimientos del urbanismo dejan poco espacio a la innovación y a la tan reclamada colaboración público-privada.
Hoy además es necesario atender a la formación de nuevos hogares, y el acceso a la primera vivienda de los jóvenes, tanto como a las viviendas de mayores en nuevas tipologías con diferentes regímenes de tenencia y explotación. Y en este espacio hay una enorme oportunidad para el sector inmobiliario, tanto para la iniciativa privada como desde las políticas públicas de vivienda.
Es por fin el momento de la rehabilitación, renovación y regeneración urbanas, que pueden tener su eclosión a través de los fondos europeos que se asignarán a proyectos concretos, enmarcados en la Renovation Wave, y que atenderán a dos políticas básicas, la transición energética y el medioambiente por un lado, y la vivienda y el desarrollo urbano sostenible por otro.
El urbanismo es una competencia pública, pero el proyecto de ciudad es un proyecto colectivo que no puede hacerse al margen de los operadores, de los profesionales y el mercado, pues la inversión es en su mayor parte privada, y para ser viable necesita unos márgenes de rentabilidad.
Esto requiere un firme compromiso de planificación e inversión de recursos económicos, humanos y materiales, que solo puede hacerse desde la colaboración público-privada y a través de reformas estructurales que incorporen criterios fiscales, junto a una nueva normativa y procedimientos que doten de excepcionalidad a los proyectos ambiciosos e innovadores que hagan viable la inversión.
Solo así tendremos una verdadera política de reactivación, con un desarrollo sostenible en sectores claves de la economía por su incidencia en el empleo y en la realidad física de nuestro entorno.