El Consejo de Ministros aprobará este martes la prórroga de los contratos de alquiler y los aplazamientos o reestructuraciones de deuda para arrendatarios de viviendas propiedad de grandes tenedores o entidades públicas.
Asimismo, está previsto que la próxima semana se prorroguen las moratorias hipotecarias y los préstamos al consumo, en virtud del acuerdo alcanzado entre Unidas Podemos y PSOE con la coalición. Hasta ahora, unas 600.000 personas se han beneficiado de esta medida adoptada para paliar los efectos del Covid, que evita pagar el grueso del préstamo durante al menos tres meses.
El plazo acababa el próximo 31 de enero, pero todas estas prórrogas se extenderán hasta el próximo 9 de mayo, coincidiendo con el fin del estado de alarma, al igual que se acordó la prohibición de los desahucios sin alternativa habitacional y el corte de suministros a familias vulnerables.
Desde Podemos han calificado estas medidas de «absolutamente necesarias para garantizar el derecho a la vivienda durante el estado de alarma y que hubiera sido incongruente pedir a la población que procure evitar desplazamientos y reuniones, incluso con confinamientos perimetrales, sin asegurar que toda la ciudadanía cuenta con un hogar».
En qué consisten
El Gobierno establecerá así una prórroga extraordinaria de los contratos de arrendamiento de vivienda habitual; se puede solicitar una extensión extraordinaria del contrato por un periodo de cuatro meses, con las mismas condiciones que las actuales. También se amplía el plazo de petición de la moratoria arrendaticia, pero para el caso de grandes tenedores o empresas públicas. En este caso, se podrá requerir durante el mismo periodo el aplazamiento temporal y extraordinario en el pago de la renta.
El acuerdo para la moratoria legal de la deuda hipotecaria todavía se está perfilando para llevar al Consejo de Ministros de la próxima semana. El pasado mes de diciembre ya aprobó hasta el 31 de mayo la posibilidad de solicitar préstamos avalados y subvencionados por el Estado, a través del ICO.
Polémica
Hay que recordar que en el caso de los desahucios, deben ser las autonomías las encargadas de organizar el realojo. Este deberá ser en lo que se considera como una «vivienda digna», por lo que quedarían excluidos, por ejemplo, los albergues o centros de acogida.
Por otra parte, para la realización de los lanzamientos se hace obligatorio que previamente los servicios sociales realicen un informe, de carácter vinculante, para discernir la condición de vulnerabilidad de las personas afectadas. Los tribunales deberán solicitarlo de forma obligatoria siempre que los afectados aleguen estar en situación de vulnerabilidad.
En el caso de los desahucios, la actuación del Gobierno está desatando la polémica. La inclusión por sorpresa esta semana de dos modificaciones del Real Decreto de 22 de diciembre que paraliza los desahucios, y cuya vigencia se restringe a la duración del período del estado de alarma, ha generado las alarmas.
El nuevo texto amplía la protección a la ocupación ilegal al eliminar la posibilidad de suspender la paralización del desahucio aún en el caso de que sea consecuencia de delito.
