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La patronal hotelera pide aplazar pagos a la Seguridad Social y Hacienda por el impacto del coronavirus

Atom Hoteles - Socimis
La confederación hotelera también plantea que se den ayudas del ICO.

Ante la crisis del coronavirus, la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT) ha pedido que los hoteleros puedan aplazar los pagos a la Seguridad Social por un periodo no inferior a tres meses, sin recargos ni intereses.
Para garantizar la liquidez de las empresas, ha solicitado también el aplazamiento en el pago de impuestos de carácter local, como el IBI, el IAE o las tasas municipales. En un comunicado, la CEHAT ha expresado su absoluto respaldo a las medidas adoptadas por las autoridades para intentar frenar el coronavirus, como la suspensión de los viajes del Imserso, al tiempo que ha exigido al Estado un paquete de medidas urgentes para paliar el impacto económico que esta crisis sanitaria tiene forma directa sobre el sector turístico nacional.

Fiscalidad en contra
“En un momento de incertidumbre como el actual, -añade la CEHAT-, no procede el planteamiento de nuevas figuras fiscales, tales como el anunciado impuesto sobre el combustible para el transporte aéreo, con repercusión directa sobre el sector turístico”. Además, los hoteleros piden que se aplacen por un periodo superior a un año las denominadas tasas turísticas de ámbito local o regional.
Otra de las medidas que proponen desde la CEHAT al Gobierno es que habilite una línea extraordinaria de financiación a través del ICO con créditos blandos para superar situaciones de tensiones de liquidez, especialmente para aquellos establecimientos que han invertido en su mejora de cara a la temporada de Semana Santa.
Para proteger el empleo, piden agilizar la tramitación de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), y que se contemple todas las modalidades contractuales, no solo los fijos discontinuos, y facilidad en el descuelgue de incrementos salariales recogidos en los convenios colectivos.
Proponen además que el coste de la tramitación de las bajas laborales motivadas por la afección de COVID-19 sea asumido por el Estado, debido a la excepcionalidad de la situación.

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