La nueva ley que regula el alquiler en 60 municipios catalanes entra en vigor este martes. Tras la aprobación en el Parlament el pasado 9 de septiembre de la iniciativa impulsada por el Sindicato de Inquilinos, hoy se publica en el Diari Oficial de la Generalitat (DOGC), paso previo a que se ponga en marcha la nueva normativa.
La ley, que se aplicará en los 60 municipios catalanes con más de 20.000 habitantes, establece que el precio del alquiler no puede aumentar respecto al contrato anterior y que si una vivienda tenía un precio por encima de la media de alquileres de la zona, el nuevo contrato no podrá superar el índice de precios de la Generalitat.
Las vivienda que se alquilen por primera vez tendrán que ajustarse al índice fijado por la administración para cada zona. Sin embargo, la obra nueva queda exenta para incentivar la construcción de vivienda protegida.
La ley también prevé sanciones de 3.000 hasta 90.000 euros en caso de incumplimiento. El sector inmobiliario y las patronales cargaron contra la ley porque «paralizará el sector y reducirá la oferta».
El sector, en contra
Asval, la Asociación de Propietarios de Viviendas en alquiler, se opone al proyecto de ley para regular y controlar el precio del alquiler, porque «vulnera la Constitución española, atenta contra el derecho a la propiedad privada y fomentará la economía sumergida en el mercado del alquiler en Cataluña».
De igual forma, los principales representantes del sector inmobiliario en Cataluña han alertado en un comunicado conjunto que la medida aprobada en el Parlamento catalán agravará el acceso a la vivienda, especialmente en aquellos sectores de población más desfavorecidos o en situación de vulnerabilidad.
«El derecho a una vivienda digna debe ser garantizado por la administración pública con la implicación y colaboración del sector privado, pero con la aprobación de estas medidas el sector público está trasladando al sector privado la responsabilidad de dar respuesta a la problemática de la escasez de vivienda social«, reza un comunicado firmado por el Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Barcelona y Provincia (Coapi), la Asociación de Promotores y Constructores de Edificios de Cataluña (APCE), la Cámara de la Propiedad Urbana de Barcelona-Lleida y el Colegio de Administradores de Fincas de Barcelona-Lleida (CAFBL).
