El juzgado de primera instancia número 9 de Madrid ha dictado un auto en el que obliga a Aena a devolver siete millones de euros en avales que ejecutó hace un mes y medio a Exterior Plus, compañía que gestiona los espacios comerciales de varios aeropuertos, entre ellos, Madrid-Barajas y Barcelona-El Prat.
Asimismo, el auto dictado ordena cautelarmente la suspensión de la liquidación y pago de la Renta Mínima Garantizada Anual (RMGA) del ejercicio 2020 por un importe de 13 millones de euros. También impone a Aena reintegrar a Bankia las cantidades cobradas en ejecución de dos avales a primer requerimiento por importe de 7 millones de euros.
El juez considera que la irrupción de la pandemia del Covid-19 «supuso el desplome de la actividad aeronáutica”, que las partes reconocieron “la necesidad de pactar una modificación contractual” y que “la necesidad de aplicación de la cláusula «rebus sic stantibus» ante un hecho como ha sido la pandemia mundial no resulta discutible”.
Otras batalla legales
En los últimos meses, Aena está protagonizando varias disputas en los tribunales. Puesto que también está en plena batalla legal con los inquilinos de los locales comerciales de los aeropuertos que gestiona.
Así, Dufry, Canariensis, EatOut, Áreas y SSP -que representan casi el 90% de los ingresos por este tipo de arrendamiento- han logrado medidas cautelares que impiden a la empresa pública ejecutar avales por valor de 470 millones de euros.
Por otro lado, una sentencia del Tribunal Supremo descarta que la actividad de restauración y comercial que se desarrolla Aena en los aeropuertos se rija bajo la modalidad de contrato privado de arrendamiento, sino que debería considerarse como un “contrato de concesión de servicios sujeto a regulación armonizada”.
Así, si se aplicase dicha sentencia, el gestor aeroportuario debería someterse a la ley de contratos del Estado y adjudicar con más garantías el derecho al reequilibrio económico de las concesiones y la limitación en el uso de la subasta como único criterio para evaluar ofertas. Asimismo, la sentencia supone un aumento de garantías laborales de los trabajadores asociados a estas concesiones. Esto supone que los trabajadores tendrían subrogación de contratos en caso de cambio de adjudicataria.
