La batalla judicial entre el Estado y la familia Franco para la recuperación del pazo de Meirás ha terminado. Este activo pasa a ser propiedad pública, tan solo un año después de que la aparición de un acta notarial abriera la vía de un posible fraude en la compra.
El Juzgado de Primera Instancia número 1 de A Coruña ha estimado la demanda interpuesta por el Estado y lo declara propietario del Pazo de Meirás, por lo que condena a la familia Franco a la devolución del inmueble sin ser indemnizada por los gastos en los que afirma haber incurrido para el mantenimiento durante décadas.
El documento que le ha dado un vuelco a la histórica reclamación del pazo es un acta notarial de 1938 desconocida, que ha servido de base a la Abogacía del Estado para construir una demanda de casi 100 folios para reclamar el pazo.
La juez estima que los nuevos documentos demuestran que el destinatario del regalo del pazo era el entonces jefe del Estado, y no Francisco Franco a título personal, y que posteriormente, en 1941, la inscripción de la finca a nombre de este en el registro fue una simulación, “lo que determina la nulidad de la misma”.
El contrato fue «fraudulento»
El mismo año en que se efectúa la donación, se constituye una Junta Pro-Pazo “del Caudillo”, formada por prohombres del régimen para comprar y regalar el Pazo de Meirás “al Generalísimo de los Ejércitos y Jefe del Estado Nacional”.
La magistrada Marta Canales no comparte las alegaciones de los demandados sobre la intención de las vendedoras, que querían que el pazo se regalase a Franco a título personal. La sentencia concluye que la literalidad de los documentos sobre la compra del pazo y posterior donación “no arroja dudas”, pues todos se refieren “al caudillo”.
Así, el acta confirma que un contrato de venta a Franco tres años después fue “fraudulento” porque ya era residencia de la Jefatura del Estado. El protocolo hallado demuestra que la propiedad había sido comprada el 3 de agosto de 1938 por la Junta pro-Pazo por 406.346 pesetas a los herederos de Emilia Pardo Bazán, propietaria hasta entonces del inmueble.
Tres años después, en mayo de 1941, se celebró un contrato de compraventa en escritura pública entre Franco, a título particular, con la viuda del hijo de la escritora, que es el documento que ahora la magistrada estima “una simulación”.
En este procedimiento, la Xunta de Galicia, el Concello de Sada, el de A Coruña y la Diputación Provincial se personaron secundando a la Abogacía del Estado contra los seis nietos del dictador y su sociedad Prístina, SL.
