La Audiencia Nacional ha rechazado el recurso de apelación interpuesto por Urbas Grupo Financiero por lo que procederá a juzgar al presidente de esta compañía, Juan Antonio Acedo, y a su antecesor en el cargo, Juan Antonio Ibáñez, por presunta estafa y delito societario en la ampliación de capital de julio de 2015.
En paralelo, la promotora inmobiliaria confía en poder demostrar ante el juez la legalidad de la ampliación de capital de 384 millones de euros ejecutada en 2015 y aclarar en los tribunales cualquier duda en relación a dicha operación, según un hecho relevante remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Activos sobrevalorados
Este caso se remonta a 2017, a raíz de la querella interpuesta por la Fiscalía Anticorrupción, que apreció supuestas irregularidades en la operación ejecutada por un importe de 384 millones de euros, que se aportaron mediante activos «sobrevalorados» de Aldira Inversiones Inmobiliarias.
Según el auto dictado en octubre de 2020 por el instructor de la causa, el juez José Luis Calama, «una parte significativa de los inmuebles fueron tasados por una sociedad vinculada», y un «porcentaje superior al 70 % de las nuevas acciones de Urbas correspondían a entidades vinculadas a los administradores».
Incremento de negocio previsto
Urbas insiste en que las valoraciones de los activos aportados en la ampliación de capital, que son el objeto del proceso judicial, han sido ratificadas «en numerosas ocasiones».
La promotora inmobiliaria adelanta que su previsión para el presente ejercicio es un incremento importante sobre la facturación y el Ebitda del ejercicio anterior, que ya mejoraban los de ejercicios pasados, así como que continúa desarrollando «una importante estrategia de crecimiento inorgánico».
