El destino de los fondos europeos sigue generando expectativas, debate y esperanzas. En los últimos días hemos ido conociendo más detalles sobre el Programa de Rehabilitación al que se dirigirán parte de estos fondos, y van dibujándose los pormenores en cuanto a las medidas, la gestión y las actuaciones subvencionables recogidas en este plan. De cara a la rehabilitación energética se han estipulado por el Gobierno 6.820 millones de euros para acometer la mejora de casi medio millón de viviendas hasta 2023. Ya tenemos los objetivos, ahora debemos ponernos en marcha, y sin demora. El éxito del plan, sin duda, dependerá de los mecanismos y los nuevos instrumentos administrativos, fiscales y jurídicos que se habiliten para su implementación.
Para avanzar resulta imprescindible tener una visión completa del Programa. Habría sido deseable que se diera a conocer todo a la vez, contribuyendo a generar mayor seguridad y claridad tanto en el tejido social como en el empresarial. De hecho, hace apenas unos días la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) alertaba de que España es el único país de entre las principales potencias europeas que no ha dado a conocer los detalles sobre el efecto fiscal y económico a largo plazo de las medidas y reformas anunciadas en el Plan de Recuperación.
Tenemos la necesidad: un parque inmobiliario antiguo en el que 8 de cada 10 edificios son energéticamente muy ineficientes y que reclama rehabilitaciones integrales, no intervenciones aisladas. También tenemos el compromiso con el medioambiente y con la Unión Europea en nuestra senda común a la descarbonización: reducir la demanda de energía en un 39,6% en 2030 ─meta que podría ser más ambiciosa si tenemos en cuenta que la Unión Europea ha fijado recientemente un nuevo objetivo de reducción neta de las emisiones de gases de efecto invernadero de al menos el 55% para 2030─. Estipulado ya el Programa de Rehabilitación hace falta ahora ofrecer facilidades y herramientas para avanzar.
Uno de los grandes escollos para hacerlo a la velocidad deseada es la financiación. A pesar del montante económico, las medidas y los mecanismos de desgravación fiscal planteados, los fondos públicos disponibles no son suficientes para cubrir todas las acciones necesarias. Habría que promover la confluencia de capital público y privado, ampliar el marco legislativo español para que posibilite instrumentos financieros innovadores, y ofrecer herramientas que permitan aliviar el peso de la inversión en quienes no cuentan con una base imponible que les permita aprovechar los beneficios fiscales contemplados en el plan, con especial foco en las rentas bajas. Es necesario flexibilizar y eliminar las barreras al acceso a la rehabilitación energética.
Gracias a la experiencia con programas anteriores como el PREE y los antiguos PAREER, tenemos el conocimiento que nos permite saber lo que funciona, lo mejorable y los elementos indispensables para que logremos los resultados más favorables. En primer lugar, sabemos que los programas deben ser continuados y favorecer la creación de un ecosistema consolidado y preparado para llevar a cabo actuaciones integrales. Si se apuesta por contribuciones esporádicas y con discontinuidad temporal no se alcanzará el grado necesario de profundidad y estabilidad en el sector de la rehabilitación energética.
En segundo lugar, y como ya comentábamos, si los importes de las ayudas son bajos y esto lo sumamos a que las rehabilitaciones no son obligatorias, difícilmente se va a lograr generar la demanda necesaria por parte de los propietarios de inmuebles. ¿Cómo embarcarse en una rehabilitación, preferiblemente integral y que a menudo conlleva una inversión importante, sin la financiación necesaria ni las facilidades para afrontarla? Para generar la esperada demanda, debemos innovar en modelos combinados de gestión y financiación, y acompañar al propietario. Instrumentos como los Ecobonos, los préstamos PACE, los Certificados de Eficiencia Energética (CAE) o la creación de un organismo que actúe como Banco Verde, ya existentes en otros países de nuestro entorno, han demostrado su viabilidad y éxito. Es urgente que se incorporen en los sucesivos desarrollos regulatorios en nuestro país.
Por último, y no menos importante, las soluciones que se presenten a los propietarios deben ser integradas. Desde el lado de la Administración, a través de un servicio de “ventanilla única” que ofrezca servicios que contemplen todos los aspectos de un proyecto de rehabilitación energética, desde la promoción de la concienciación ciudadana en cuestiones de eficiencia energética hasta el acceso a la rehabilitación y la coordinación para asegurar el éxito de todas las fases del proceso. Ya estamos viendo sus ventajas con las oficinas de rehabilitación que existen en municipios y Comunidades Autónomas y que se quieren seguir impulsando desde el Programa. Y desde el lado de la oferta, impulsando y favoreciendo la creación de empresas, consorcios o agrupaciones capaces de ofrecer una solución integrada llave en mano que cubra desde la realización de auditorías energéticas hasta la financiación de la intervención o el diseño y la ejecución de las medidas de ahorro energético.
Sigamos apostando por vías innovadoras, por una financiación público-privada que facilite a los propietarios, y especialmente a quienes se encuentran en mayor situación de necesidad, el acceso a la rehabilitación energética integral. Demos ya el segundo paso tras este primero que nos ofrece el Programa de Rehabilitación, y aceleremos la marcha.
