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Goldman y Azora demandan a Madrid por la anulación de la venta de viviendas sociales

Encasa Cibeles, el consorcio formado por las firmas Goldman Sachs y Azora ha presentado una demanda contra la Comunidad de Madrid, después de la anulación de la venta de un paquete de viviendas públicas por parte del Tribunal Supremo.

Viviendas de la CAM vendidas a Azora

La demanda va dirigida contra el Instituto de la Vivienda de Madrid (IVIMA), organismo perteneciente a la CAM y dueño de las casi 3.000 casas objeto del litigio, según un comunicado oficial emitido por la sociedad. El Tribunal Supremo tumbó en marzo el último intento de la Comunidad de Madrid par recurrir e hizo efectiva la nulidad de la venta de 2.935 viviendas de protección oficial (VPO) al fondo Goldman Sachs en 2013.

La operación se produjo en 2013 bajo el Gobierno de Ignacio González del Partido Popular. El ejecutivo madrileño vendió 2.935 viviendas del plan Joven, 3.084 garajes, 1.865 trasteros y 45 locales por 210 millones de euros, a la joint venture del fondo estadounidense Goldman Sachs y la gestora española Azora. Previamente, el TSJM y el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 29 de Madrid ya se habían pronunciado en diciembre de 2019 en el mismo sentido.

Desde la sociedad afirman, que «pese a no haber sido parte en el procedimiento, Encasa Cibeles se ve afectada por la sentencia en la medida en que da lugar a la cancelación total y no parcial de la venta realizada en 2013. En consecuencia, Encasa deberá devolver a la AVS todas las viviendas que siguen bajo su gestión». Encasa, gestionada por Azora, está participada al 97% por Goldman Sachs.

El alto tribunal consideró acreditado que la venta no fue ajustada a Derecho, no estaba debidamente justificada y ni siquiera fue aprobada por el consejo de administración del IVIMA, por lo que la transacción debía considerarse nula.  La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid determinó que la AVS, la Agencia de Vivienda Social de la Comunidad de Madrid, no documentó suficientemente la fase administrativa interna de preparación del proceso de adjudicación de las viviendas en 2013.

Interpretaciones

Se trata de un procedimiento civil que quiere dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), que confirmó la anulación de la adjudicación que recibió Encasa en 2013 de 2.935 viviendas públicas, 1.865 trasteros, 3.084 garajes y 45 locales por 201 millones de euros.

Parece ser que hay una diferencia de interpretación jurídico-técnica de la sentencia; para Goldman y Azora, la sentencia le permite devolver a la comunidad todas las viviendas que siguen en su poder, unas 1.722. Para la CAM, la sentencia no afectaría a todas las viviendas y solo a aquellos inquilinos que han ganado en los tribunales de forma individual.

Encasa argumenta también que «hemos intentado colaborar con la AVS para encontrar una solución amistosa lo antes posible en interés de todas las partes afectadas por el fallo judicial y nos mantenemos abiertos al diálogo». Además, ‘reitera’ la propuesta de trabajar con la AVS para facilitar un tránsito ordenado de la viviendas.

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