La Ley de Vivienda causa los primeros estragos. La consultora EY ha modificado sus previsiones para el build to rent, con una reducción del 30% de las promociones proyectadas.
En teoría económica, intervenir el mecanismo natural de fijación de precios de cualquier mercado entre la oferta y la demanda termina provocando una drástica reducción de la oferta disponible en el medio plazo. Además, la oferta “viva” siempre tiende a perder calidad pues los oferentes solo están dispuestos a poner en el mercado su “peor producto ya que no pueden transaccionar a su precio de equilibrio, sino a un nivel inferior», explica a Brainsre.news Javier García-Mateo, socio responsable de inmobiliario de la División de Estrategia y Transacciones.
En el informe ‘The Housing Property Telescope’, EY proyectaba la promoción de 504.000 viviendas hasta 2025, de las cuales 28.000 serían proyectos build to rent. Con la corrección del 30%, el número caería hasta 18.000.
Concretamente, la consultora contabilizada 87 proyectos con 27.441 viviendas entre 2021 y 2025. Estos promotores se decantarán por parar el plan para rehacer su producto, cuadrar números y solicitar la financiación pertinente. El 36% de estas promociones estaban en Madrid y Barcelona por lo que, previsiblemente, serán las zonas más perjudicadas.
El socio responsable de Real Estate alerta de que, los propietarios al perder incentivos para alquilar, España podría retroceder más de 10 años en su parque de viviendas en alquiler. Esto supondría volver a la década de 2000 a 2010, donde los inmuebles que se destinaban al arrendamiento suponían el 10%-11% de la oferta total y tenían una calidad media baja.
Aumentará la desigualdad entre CCAA
«Va a aumentar la heterogeneidad ente las comunidades autónomas», ratifica García-Mateo. Pone como ejemplo la Comunidad de Madrid, que aplica una política expansiva y liberal, sin controles del mercado.
El Partido Popular anunció, en palabras de su líder Pablo Casado, que no aplicará la nueva regulación en las comunidades que gobierna. Esto supone que Madrid, Galicia, Castilla y León, Andalucía y Murcia no adoptarán la nueva Ley de Vivienda.
