En España, actualmente existe un déficit de 66.000 plazas necesarias en residencias para la tercera edad; cifra que se verá incrementada paulatinamente por el envejecimiento de la población y el aumento del índice de dependencia.
En concreto, se necesitarán alrededor de 785.000 plazas residenciales en 2050, el doble de las existentes en 2018, según el informe ‘Radiografía del sector de las residencias para la tercera edad en España’, elaborado por PwC para la Federación Empresarial de Asistencia a la Dependencia (FED).
En este sentido, el 19% de la población tiene más de 64 años. A partir de esa edad, la esperanza de vida media es de 22 años. De acuerdo con las estimaciones del INE, en 2050 se pasará de 9 a 16 millones de personas mayores de 64 años en España, aproximadamente un tercio de la población, lo que situaría a España como el cuarto país más envejecido de la Unión Europea.
“Es aquí donde las residencias juegan un papel muy relevante, garantizando un servicio socio-asistencial en la atención a los mayores, ya que más del 80% de los residentes necesitan ayuda en tareas tan cotidianas como vestirse, tomar la medicación, asearse o alimentarse”, ha señalado al respecto Ignacio Fernández-Cid, presidente de la FED.
Canarias y Murcia, las que menos plazas tienen
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), lo ideal es contar con cinco plazas por cada 100 personas mayores de 64 años para cubrir la demanda de residencias para la tercera edad, tasa que cumplen países como Holanda, Suecia, Bélgica, Finlandia, Alemania y Francia; y que España, con una ratio de 4,4 plazas, presenta un déficit de alrededor de 66.000 plazas.
No obstante, la falta de plazas no es homogénea, sino que varía mucho por regiones. Así, el mayor déficit de residencias de ancianos se da en Canarias (1,8), Murcia (2,2), Ceuta y Melilla (2,6). Mientras que la comunidades autónomas que disponen de más oferta de estos centros es en Castilla y León (8,4 plazas por 100 mayores), Castilla-La Mancha (7,6), Aragón (6,4 plazas) y Extremadura (7,1).
Según PWC, en 2050, será necesario cubrir aproximadamente 400.000 plazas adicionales, lo que supone la construcción de más de 100 residencias nuevas cada año.
“Duplicar la actual cifra de residencias supondría, aproximadamente, una inversión de 35.000 millones de euros y la generación de 150.000 puestos de trabajo adicionales”, ha matizado Fernández-Cid, quien ha asegurado que alrededor de un 51% de las plazas disponibles son públicas o concertadas, aunque la gestión se delegue finalmente en el sector privado o el Tercer Sector.
Diferencias entre las plazas públicas y privadas
Asimismo, durante la presentación del informe, Alberto Echevarría, secretario general de la FED y presidente de European Confederation of Care Home Organizationses (ECHO), ha explicado que el 75% de las residencias están en manos de pymes españolas, mientras que sólo el 8% pertenece a fondos y el 11% a multinacionales.
Respecto al coste, la FED ha denunciado que mientras el coste que tiene para la administración una plaza pública es de 170 euros al día, en las plazas de concierto con la iniciativa privada, esta cifra se reduce a 54 euros al día, diferencia que permite aventurar que las arcas públicas sí tienen capacidad de abordar el reto del envejecimiento generacional al que se enfrenta España, y que el problema parece ser de gestión de los recursos.
De igual forma, el informe también revela que hay proyectos en cartera de alrededor de 270 centros residenciales, con más de 25.000 plazas; de las cuales un 61% son del sector privado -ya sea de forma directa o mediante concesión- «una cifra insuficiente, siquiera para cubrir el gap actual», ha asegurado la patronal.
El sector tras la pandemia
“Se nos ha atribuido un contagio masivo porque nuestros trabajadores no tenían epis ni materiales necesarios”, ha recalcado el presidente de la patronal durante la presentación y también ha asegurado que «el 75% de los centros del país han estado libre de Covid«, según los datos de la patronal.
La patronal, cansada de la mala imagen del sector tras la pandemia, ha elaborado un documento de propuestas de mejora, donde se analizan los problemas coyunturales y estructurales y se aportan soluciones a esos problemas.
«Se ha detectado que buena parte de los problemas preexistentes se han visto agravados por esta emergencia sanitaria, como la financiación o la asistencia sanitaria a los usuarios de las residencias«, han apuntado desde la FED.
La primera reclamación es el establecimiento de unos protocolos de actuación -consensuados entre el Gobierno, las comunidades autónomas y los agentes del sector- con el objetivo de proteger a este segmento de la población. En este sentido, reclaman la realización de pruebas de identificación de infectados, protección del personal, derivaciones hospitalarias y coordinación con los geriatras del sistema sanitario público, suministro de medicamentos, entre otros.
Además, el sector demanda la creación de un estocaje mínimo de EPI para casos de emergencias sanitarias. Este almacenamiento puede ser tanto en las propias residencias, como centralizado por cada Comunidad Autónoma o el Gobierno Central.
