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El TC catalán advierte de que la ley para limitar alquileres invade competencias estatales

El Consell de Garanties Estatutàries (CGE) advierte de que la norma que tramita el Parlament para frenar la subida de alquileres invade competencias estatales.

las ayudas al alquiler de vivienda son complejas.

El Consell de Garanties Estatutàries (CGE), parejo el Tribunal Constitucional en asuntos autonómicos, ha advertido de que la norma que tramita el Parlament para frenar la subida de los alquileres invade competencias estatales.

Los partidos independentistas catalanes junto a Comú Podem han presentado una proposición de ley para controlar los precios de los alquileres residenciales en la región. En su dictamen, el CGE señala que “cualquier tipo de regulación sobre los alquileres es competencia estatal y por lo tanto del Gobierno central y no de una comunidad autónoma”. Es el Estado, recuerda el CGE, quien tiene competencia exclusiva en las bases de las obligaciones contractuales como son los alquileres.

Los grupos favorables a la norma alegaban que la norma encajaba en la competencia de la Generalitat para desarrollar el derecho civil catalán así como para garantizar el derecho constitucional a la vivienda. Lo cierto es que los principales representantes del sector alertan de que la medida aprobada en el Parlamento catalán agravará el acceso a la vivienda, con muchos propietarios sacando sus inmuebles del mercado.

Pisos protegidos

El CGE incluso aconseja que la manera de encauzar la competencia autonómica en derecho a la vivienda es mediante la construcción de pisos protegidos o ampliar el parque público de vivienda, no mediante una regulación autonómica de los alquileres privados que solo puede hacerse, a juicio del CGE, mediante la ley estatal de Arrendamientos Urbanos (LAU).

En este sentido, el CGE recuerda que la última reforma de la LAU, aprobada por el Gobierno de coalición del PSOE y Unidas Podemos, no limitó el precio de los arrendamientos y mantuvo la libertad de estipulación de las rentas, por lo que la norma catalana que sí fija unos topes para los alquileres en 60 poblaciones “contradice” la legislación estatal y, en consecuencia, resulta inconstitucional.

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